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01 junio, 2009

¿Crímenes de lesa humanidad o genocidio?

Por Carlos Slepoy *

Una lamentable confusión interpretativa en los juicios que se celebran contra los integrantes de la última dictadura militar está evitando que sus delitos sean calificados como genocidio. Con la notable y pionera excepción de las sentencias dictadas contra Etchecolatz y Von Wernich por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, presidido por el doctor Carlos Rozanski –confirmada la primera por la Corte Suprema de Justicia– que señalan que los crímenes fueron cometidos en el marco de un genocidio, el resto de las que hasta ahora han sido dictadas califican los hechos como crímenes de lesa humanidad. Los tribunales que las dictan rechazan las peticiones de las acusaciones que abogan por calificar el crimen, como lo ha hecho el tribunal platense. La diferencia no es baladí y tiene profundas implicaciones jurídicas y sociales. No es igual calificar la muerte intencionada de una persona como homicidio simple o asesinato: las notas de alevosía o ensañamiento en este último determinan la existencia de una forma agravada de aquél, o un delito distinto, según la legislación de que se trate. Tampoco es igual hurto o robo aunque sea la sustracción ilegítima de un bien lo que caracteriza a ambos: el robo se produce con fuerza en las cosas o violencia en las personas determinando en consecuencia la existencia de un delito diferente del primero. Lo relevante no radica en que las penas sean o puedan ser distintas en uno u otro caso; lo sustancial es que la sentencia, que califica los hechos antes de dictar su fallo, establece la verdad judicial sobre los mismos y con ello califica la conducta del que comete el delito y su intencionalidad. Es necesario aclarar por ello qué es lo que realmente ocurrió en nuestro país y cómo debe ser calificado judicialmente.Si algo claro existe en la conciencia social sobre los crímenes de la dictadura es que cometió un genocidio. “Cárcel a los genocidas” no es una consigna intercambiable con ninguna otra, como “cárcel a los asesinos” o a “los criminales”, sino la expresión de una convicción popular de que en la Argentina hubo algo distinto a múltiples y generalizados crímenes. Esta convicción tiene traducción jurídica, como se irá viendo.Lo que separa a uno y otro delito no es la mayor o menor mortandad o número de ilícitos que producen, sino su distinta naturaleza. Determinar la naturaleza del crimen no sólo es útil para nombrar a los hechos por su nombre y la intención de quien lo comete sino, y fundamentalmente, para develar sus causas y consecuencias.El crimen de lesa humanidad en sentido genérico se define como el que se comete mediante un ataque generalizado o sistemático contra una población civil en medio del cual se perpetran múltiples delitos. El tipo penal no exige en este caso ninguna específica intencionalidad por parte del represor. Basta acreditar, por un lado, que existió dicho ataque y, por otro, que durante el mismo se cometieron asesinatos, secuestros, desapariciones, etc. El objetivo de la acción criminal es provocar la destrucción de la población civil afectada de forma indiscriminada.El genocidio, en cambio, difiere radicalmente de esta situación. Con su comisión el represor pretende la destrucción, total o parcial, de grupos humanos. Aquí sí el tipo penal exige una intencionalidad específica: el propósito de destrucción de alguno o algunos de los grupos existentes en una sociedad o sociedades. La acción criminal va dirigida a la destrucción del grupo aunque para ello, y como modo de destruirlo, se ataque a los individuos que lo conforman. En términos jurídicos se diría que los sujetos pasivos de la acción son los individuos, pero el sujeto pasivo del delito es el grupo en que éstos se integran. Se reprime a las personas con el objetivo de destruir sus grupos de pertenencia. La conformación del grupo puede venir dada por la voluntad de quienes lo componen o ser por completo ajena a la misma. El grupo en este último caso es formado por la decisión del represor. Este estigmatiza a determinados sectores y decide su eliminación, aunque quienes son parte del grupo así constituido no tengan conciencia de pertenecer al mismo. La célebre y aterradora frase del general Ibérico Saint-Jean lo patentiza de este modo: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después... a sus simpatizantes, enseguida... a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente a los tímidos”.En enero de 1998 comparecieron en Madrid, ante el juez Baltasar Garzón, Rafael Veljanovich y Pablo Javkin, entonces presidente y vicepresidente respectivamente de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Aportaron un extraordinario estudio dirigido por la socióloga e investigadora Inés Izaguirre en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En el mismo se daba cuenta de que 3286 estudiantes universitarios, perfectamente identificados, fueron víctimas de desaparición forzada.Poco después, el 16 de marzo, lo hicieron Víctor De Gennaro, Víctor Mendibil, Alberto Morlachetti, Marta Maffei, Alberto Piccinini y Juan Carlos Camaño, en representación de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Entregaron un trabajo, acompañado en su análisis jurídico por los abogados Juan Carlos Capurro y Horacio González, que movilizó a decenas de personas en todo el país durante varios meses y que identificaba a más de 10.000 trabajadores desaparecidos. Marta Maffei aportaría una concienzuda investigación realizada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) que indicaba que algo más de 600 docentes y estudiantes secundarios, igualmente señalados con sus nombres y apellidos, habían desaparecido. En todos los casos fueron muchos más aunque, por distintas causas, no se los pudo identificar con precisión. En el Juicio a las Juntas Militares unos detestables y supuestos dirigentes del movimiento obrero argentino declararon que no les constaba que los trabajadores hubieran sido perseguidos por la dictadura. Ahora, auténticos y honestos dirigentes sindicales, sobrevivientes ellos mismos del genocidio, aportaban a un tribunal las pruebas del exterminio.Estas presentaciones no fueron especialmente relevantes desde el punto de vista cuantitativo –ya la Conadep había establecido cifras que, aunque inferiores a las señaladas, daban cuenta de la dimensión del crimen–, ni porque en ellas se identificara a las víctimas y se especificara con mayor precisión que hasta entonces la forma de operar de la dictadura.Su excepcional importancia radicó en que demostraron quiénes fueron los eliminados: no los estudiantes y trabajadores en general, sino los activistas y militantes obreros y estudiantiles que por decenas de miles y en forma organizada cuestionaban entonces el poder constituido. A estos grupos humanos se dirigió en forma fría y planificada la acción de la dictadura. Esta arrasó con todo lo que encontró a su paso, impuso el terror generalizado y en su furia asesina provocó múltiples víctimas que no estaban insertas en esos grupos. Pero su propósito fue erradicar a ese inmenso grupo humano que portaba el ideal de una sociedad distinta de la que querían los exterminadores. En esta intencionalidad de los represores de crear un país a su imagen y semejanza está la causa del genocidio y su objetivo: destruir los grupos que lo impedían o podían impedirlo.La notoriedad de los hechos, o soflamas tales como “hay que destruir a quienes se oponen a la civilización occidental y cristiana” o “hay que eliminar a los enemigos del alma argentina”, dan cuenta de esa intención. Pero, más que éstos, los planes elaborados por los propios represores revelan cristalinamente su propósito genocida. En el indispensable libro Genocidio en Argentina, de la doctora Mirta Mántaras, se analizan con mayor extensión de la que es posible en este artículo las distintas características e intenciones del proyecto de la dictadura y se recogen los distintos documentos que elaboraron las fuerzas represivas como guía de acción. De todos ellos interesa destacar ahora el Plan del Ejército elaborado en 1975, firmado por Videla como comandante general del Ejército, fechado en febrero de 1976 y distribuido en ese mismo mes a los distintos cuerpos de Ejército. En el Anexo 2 de dicho Plan se define al oponente del siguiente modo: “Se considera oponente a todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudieran surgir del proceso, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/u obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer”. Las organizaciones aludidas son detalladas en el Anexo 3 (Inteligencia) del Plan. Se incluyen las que se consideran como oponentes activas y potenciales. Entre las primeras, además de las organizaciones político-militares, una larga serie de organismos y asociaciones políticas, sindicales, estudiantiles, religiosas y de derechos humanos, entre ellos la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las Juventudes Políticas Argentinas, la Unión de Mujeres Argentinas, los Sacerdotes para el Tercer Mundo y un largo etcétera.Los torturados, asesinados y desaparecidos, los hijos de las Madres, los padres de los niños secuestrados, los sobrevivientes de los centros de exterminio, los presos políticos, los exiliados, todos eran militantes sindicales, estudiantiles, políticos, sociales, culturales y estaban organizados. La dictadura no dirigió un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Su propósito fue destruir los grupos en que aquéllos se integraban y perpetró, en consecuencia, un genocidio.La necesaria brevedad de este artículo impide profundizar, como se hará más adelante, sobre los motivos que se alegan para no calificar judicialmente los hechos como genocidio, sus causas, las implicaciones que tuvo para nuestro país este crimen y las consecuencias profundamente negativas que tiene no reconocerlo judicialmente como tal.
* Abogado especializado en derechos humanos.
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My Supreme Court nominee- Obama

I am proud to announce my nominee for the next Justice of the United States Supreme Court: Judge Sonia Sotomayor.
This decision affects us all -- and so it must involve us all. I've recorded a special message to personally introduce Judge Sotomayor and explain why I'm so confident she will make an excellent Justice.


Judge Sotomayor has lived the America Dream. Born and raised in a South Bronx housing project, she distinguished herself in academia and then as a hard-charging New York District Attorney.
Judge Sotomayor has gone on to earn bipartisan acclaim as one of America's finest legal minds. As a Supreme Court Justice, she would bring more federal judicial experience to the Supreme Court than any Justice in 100 years. Judge Sotomayor would show fidelity to our Constitution and draw on a common-sense understanding of how the law affects our day-to-day lives.
A nomination for a lifetime appointment to the highest court in the land is one of the most important decisions a President can make. And the discussions that follow will be among the most important we have as a nation. You can begin the conversation today by watching this special message and then passing it on:
http://my.barackobama.com/SupremeCourt
Thank you,
President Barack Obama

DN Chevron Shell y el verdadero costo del petroleo

Se autoriza la publicación. Por favor escríbanos a spanish@democracynow.org para avisarnos donde se publica y también si hay estaciones de radio que quieran emitir el audio que se encuentra disponible todos los viernes en www.democracynow.org/es

Chevron, Shell y el verdadero costo del petróleo
Por Amy Goodman

La economía es un caos, el desempleo aumenta, la industria automotriz está colapsando. Pero las ganancias de las empresas petroleras Chevron y Shell son más altas que nunca. Sin embargo, alrededor del mundo—desde la selva ecuatoriana, hasta el Delta del Níger en Nigeria, pasando por los tribunales y las calles de Nueva York y San Ramón, California—la gente está luchando contra las gigantes petroleras del mundo. Shell y Chevron están en el centro de atención debido a sus asambleas de accionistas y a un juicio histórico, dos hechos que están ocurriendo esta semana.El 13 de mayo, las Fuerzas Armadas nigerianas lanzaron un ataque contra poblados en el Delta del Níger, una zona del país rica en petróleo. Se teme que cientos de civiles hayan muerto en la ofensiva. Una celebración en el poblado de Oporoza, en el área del delta, fue atacada, según Amnistía Internacional. Un testigo le dijo a la organización: “Escuché el sonido de una aeronave; vi dos helicópteros militares disparando a las casas, al palacio, disparándonos a nosotros. Tuvimos que correr a un lugar seguro dentro de la selva. En los matorrales, escuché a adultos llorando, tantas madres que no podían encontrar a sus hijos; todos corrieron para salvar sus vidas”.Shell afronta un juicio en un tribunal federal de Estados Unidos, el caso Wiwa contra Shell, en base a la supuesta colaboración de la petrolera en la violenta represión del movimiento de base del pueblo Ogoni, del Delta del Níger, llevada a cabo por la dictadura nigeriana durante la década del 90. Shell explota las riquezas petroleras del Delta del Níger, provocando desplazamientos, contaminación y deforestación. La demanda también afirma que Shell ayudó a eliminar el Movimiento por la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni y a su carismático líder, Ken Saro-Wiwa. Saro-Wiwa había sido el guionista de la telenovela más popular de Nigeria, pero decidió unirse a los Ogoni, cuyo territorio cerca del Delta del Níger había sido surcado por oleoductos. Los niños de Ogonilandia, como se denomina su tierra, no sabían lo que era una noche oscura, vivían bajo los destellos de las llamaradas, llamaradas de gas del tamaño de un edificio de apartamentos que estaban encendidas día y noche, y que son ilegales en Estados Unidos.Entrevisté a Saro-Wiwa en 1994. Me dijo: “A las empresas petroleras les gustan las dictaduras militares porque, básicamente, bajo estas dictaduras pueden estafar. Las dictaduras son brutales con la gente, y puedan negar los derechos humanos de las personas y de las comunidades muy fácilmente, sin escrúpulos", y agregó: “En lo que a mí respecta, soy un hombre marcado”.Saro-Wiwa regresó a Nigeria y fue arrestado por la Junta Militar. El 10 de noviembre de 1995, luego de un juicio arreglado, fue colgado junto con otros ocho activistas Ogoni.En 1998, viajé al Delta del Níger con el periodista Jeremy Scahill. Un ejecutivo de Chevron que se encontraba allí nos dijo que la empresa transportó tropas de la mal reputada Fuerza Policíal Móvil nigeriana–conocida por su política de “matar e irse”-, en un helicóptero que le pertenecía a la compañía, hasta una lancha petrolera que había sido ocupada por manifestantes no violentos. Dos manifestantes fueron asesinados, y muchos otros fueron arrestados y torturados.Oronto Douglas, uno de los abogados de Saro-Wiwa, nos dijo: “Está muy claro que Chevron, al igual que Shell, utiliza a las Fuerzas Armadas para proteger sus actividades petroleras. Perforan y matan”.Chevron es el segundo mayor accionista (después de la empresa petrolera francesa Total) del proyecto del campo de gas natural y gasoducto de Yadana, en Birmania (que la Junta Militar ha renombrado "Myanmar"). El gasoducto es la mayor fuente primaria de ingresos de la Junta Militar, y sus ganacias le sumaron un total de alrededor de mil millones de dólares en 2007. La Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que fue elegida popularmente como líder de Birmania en 1990, ha estado bajo arresto domiciliario durante 14 de los últimos 20 años, y tendrá que comparecer ante los tribunales nuevamente esta semana (el martes, el gobierno dijo que había puesto fin al arresto domiciliario de Suu Kyi, pero permanece detenida, en espera del resultado del juicio). El gobierno de Estados Unidos prohibió a las empresas estadounidenses invertir en Birmania desde 1997, pero Chevron tiene una exoneración, que heredó cuando adquirió la empresa petrolera Unocal.Una larga lista en la que se enumeran abusos similares cometidos por Chevron, desde Filipinas a Kazajistán, Chad, Camerún, Irak, Ecuador y Angola, y en todo Estados Unidos y Canadá, es detallada en un “informe anual alternativo” preparado por un consorcio de organizaciones no gubernamentales, que está siendo distribuido a los accionistas de Chevron en su asamblea anual de esta semana, y al público en TrueCostofChevron.com.Chevron está siendo investigada por el Fiscal General del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, acerca de si la empresa fue “precisa y exhaustiva” en la descripción de sus potenciales responsabilidades legales. Sin embargo, goza de una larga tradición de contratar a gente con poder político. Condoleezza Rice fue directora de la empresa durante mucho tiempo (incluso había un buque petrolero con su nombre), y el nuevo asesor general recientemente contratado es nada menos que el desprestigiado abogado del Pentágono, William J. Haynes, quien defendió las “técnicas de interrogatorio severas”, incluso el submarino. El General James L. Jones, Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Barack Obama, formó parte de la Junta de Directores de Chevron durante la mayor parte de 2008, hasta que recibió la designación de alto nivel en la Casa Blanca.
Saro-Wiwa dijo antes de morir: “Vamos a exigir nuestros derechos en forma pacífica, sin violencia, y venceremos”. Un movimiento popular mundial está creciendo para lograr justamente eso.———————————Denis Moynihan colaboró en la investigación de esta columna.Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Es co-autora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times”, recientemente publicado en edición de bolsillo.© 2009 Amy GoodmanTexto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Huelga estudiantil en el Paraguay-28 de Mayo 1959

Asunción ( Aratiri Noticias )
Hoy 28 de mayo de 2009 se cumplen 50 años de la gran huelga estudiantil en contra de la dictadura de stroessner. La Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista y otras organizaciones convocan a los organismos de DDHH, sociales, políticos a la ciudadanía en general a conmemorar la lucha contra la dictadura de Stroessner a los 50 años de la Primera huelga estudiantil. El acto central se realizará a las 18:30 horas de hoy 28 de mayo, en el Colegio Nacional, en las calles Eusebio y vicepresidente Sánchez, Asunción. A continuación la convocatoria:Bajo el cielo de Paraguay Primera huelga estudiantil, contra la dictadura 28 de mayo de 1959,
50 años de lucha! 28 de mayo de 2009, Calle Eusebio y Vicepresidente Sánchez.-A las 18:30 horas. Se rendirán homenaje de recordación a los Siguientes compañeros: NELSON DARIO SILVERA, Presidente del Centro “ 23 de Octubre” 59/60, fallecido en el año 2008,MANUEL BLAS MANBEIRA;Pte. del Centro 23 de Octubre , 61/62 fallecido en el año 1998, DERLIS VILLAGRA ARZAMEDIA, asesinado en la mazmorras policiales, de investigaciones por PASTOR CORONEL .VICTOR MARCIAL MIRANDA , asesinado en 1959 , NELSON ALONSO , miembro de la C.D.del Centro “23 de Octubre” 59/60 asesinado en 1959, ANTONIO OTAZO MARTINEZ, alumno del Colegio Nacional de la Capital , muerto en la guerrilla de 1960, LEANDRO OTAZO MARTÍNEZ, muerto en la guarrilla de 1960, igualmente alumno de CNC, además se contara con la presencia del ideólogo y principal inspirador del movimiento estudiantil de esa época y de esa gesta el compañero SANDINO GILL OPORTO , quien dirigirá las palabras de ocasión También los compañeros Heriberto Florentin, Aníbal florentin Luís Becker , Antonio Aranda y Otros .-

PARAGUAY: Vergonzoso veto de Lugo

ptparaguay@hotmail.com Vie, 22 de May, 2009 11:17 am (CDT)

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES (PT)
Fundado el 19 de marzo de 1989Teléfono: 445 009 - Hernandarias 890 - ptparaguay@hotmail. com- Asunción, Paraguay

Vergonzoso veto de Lugo
El Partido de los Trabajadores (PT) expresa su rechazo e indignación ante el vergonzoso veto total que realizó el presidente Fernando Lugo al proyecto de ley N° 3.728/09 que establece una pensión alimentaria a personas mayores en situación de pobreza.
Ni siquiera una migaja…
Lugo veta una medida que, por su contenido, desde el inicio fue extremadamente limitada. La normativa, aprobada por el Congreso el pasado 30 de Abril, concedía una pensión alimentaria a personas mayores de 65 años que demuestren –mediante los conocidos y degradantes trámites- estar en condiciones de extrema pobreza. La pensión mensual, según el proyecto referido, correspondía a una cuarta parte del salario mínimo, es decir, poco más de 350.000 guaraníes. El gobierno de Lugo-PLRA no aprobó, ni siquiera, semejante migaja.
¿Para quién faltan los “recursos”?
El argumento del veto presidencial es la supuesta “falta de recursos” del Estado para implementar esta pequeña medida. Sin embargo, sólo por dar algunos ejemplos, sigue destinando alrededor de 1 millón de dólares al día para el pago de la deuda externa y mantiene exentos de impuestos –o cobrando porcentajes ínfimos- a los sectores sojeros y empresariales en general.
Con este tipo de medidas es que el gobierno demuestra su verdadero rostro: “no hay recursos” –ni siquiera para dar una miserable pensión de 70 dólares mensuales - cuando se trata de personas pobres, desprotegidas y que, en el caso de las personas mayores, han trabajado toda su vida; por el contrario, cuando se trata de los banqueros internacionales no faltan los recursos para “cumplir” con los “compromisos adquiridos”.
Total insensibilidad social
Esta decisión de Lugo y su gobierno refleja, por sobre todo, una total falta de sensibilidad social ante la situación de miseria y privaciones de todo tipo que viven los pobres en general y las personas de edad avanzada en particular. El gobierno ejecuta, con estos hechos, una cruel lógica del capitalismo: cuando un trabajador, luego de décadas de explotación brutal, ya no puede producir, es tirado a su suerte por los ricos como un limón exprimido.
Sostenemos que la negativa del gobierno Lugo-PLRA forma parte del conocido “plan anti crisis”, basado en el aumento de la deuda externa y la privatización del patrimonio público. El veto, además, está en total consonancia con la tenaz negativa que expresó el Ejecutivo al reajuste salarial tal como establece la legislación laboral. Todos los “recursos” en este momento, según la política económica de Lugo-Borda, deben ser orientados a salvar o amortiguar los efectos de la crisis en los negocios de los poderosos.
El PT reafirma su posición de apoyo, como medidas paliativas y transitorias, a los seguros-pensiones de desempleo o por causa de la vejez. Éstos no deben ser menores al salario mínimo legal vigente. Debemos ser conscientes de que medidas como éstas sólo las vamos a conquistar organizándonos y movilizándonos de manera independiente, tanto del gobierno de Lugo-PLRA como de los partidos de la derecha tradicional.
Comité Ejecutivo del PT
Asunción, 20 de mayo de 2009

EE. UU: Abandonar plan para detención sin juicio

http://www.hrw.org Human Rights Watch

EE. UU: Abandonar plan para detención sin juicio

Obama enfatiza derechos, pero empuja propuesta inquietante para detenidos en GuantánamoMayo 22, 2009(Nueva York) – El presidente de EE.UU., Barack Obama, pronunció una elocuente defensa de las razones de seguridad nacional para respetar los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, pero su propuesta de continuar la detención sin juicio de los sospechosos de terrorismo es contrario a los principios que respaldó, dijo Human Rights Watch hoy. Obama socavó dichos principios al insistir que las comisiones militares podrían ser un medio justo y creíble de administrar justicia. Obama reiteró su decisión de cerrar la prisión de Guantánamo enfatizando acertadamente que la seguridad nacional de EE.UU. se fortalecerá cuando sus acciones sean coherentes con los valores más fundamentales del país. A pesar de la presión del Congreso contra el plan del cierre, Obama se mantuvo firme en su promesa de "limpiar el desorden en Guantánamo" buscando soluciones alternativas para los detenidos en este lugar. Sin embargo, su propuesta de crear un marco jurídico para la detención prolongada sin juicio socava el Estado de derecho. "El presidente Obama insistió en que sus políticas de seguridad representan un ‘nuevo rumbo’ respecto a las políticas de los últimos ocho años y, sin embargo, respaldó hoy la detención indefinida sin juicio", dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. "No sólo fue la detención indefinida en un elemento central del enfoque equivocado y abusivo del gobierno de Bush en la lucha contra el terrorismo, es también profundamente incompatible con los valores que Obama defendió en su discurso." Human Rights Watch dice que la creación de un régimen de detención indefinida sin juicio, crearía un vacío evidente en el sistema de justicia de EE.UU., y sentaría un precedente peligroso para otros tipos de procesamientos. Asimismo, serviría de inspiración para los gobernantes abusivos de todo el mundo que habitualmente dependen de la detención preventiva como una forma de neutralizar a su oposición política. Obama dijo que su gobierno trabajará con el Congreso en elaborar una legislación para establecer un "régimen jurídico adecuado" para detener sin juicio a sospechosos de terrorismo. Dijo que en el marco se incluirían procedimientos claros, normas justas, y un exhaustivo proceso de revisión periódica, lo que representaría una mejora en el sistema de detención arbitraria utilizado durante el gobierno Bush. En el debate sobre el enjuiciamiento de los detenidos en Guantánamo, Obama dejó claro que la preferencia del gobierno sería procesarlos en los tribunales federales de EE.UU.. Las comisiones militares se utilizarían sólo cuando no sea factible llevar un caso ante un tribunal federal, y sólo para los detenidos implicados en violaciones de las leyes de la guerra. Human Rights Watch dijo que revisar el sistema de comisiones militares creado desde cero por el gobierno de Bush podría socavar los derechos básicos de los acusados y causar demoras en la administración de justicia. Human Rights Watch elogió al gobierno de Obama por subrayar la fuerza de su compromiso con los juicios civiles mediante la transferencia del sospechoso de terrorismo, Ahmed Ghailani, a Nueva York para su juicio en una corte federal de EE.UU.. Ghailani, implicado en los atentados en la embajada en África de 1998, fue acusado ante una comisión militar en octubre de 2008. Obama también desvió los esfuerzos para investigar los abusos del pasado, reiterando su opinión de que el país debe "centrarse en el futuro", en lugar de gastar su esfuerzo mirando hacia el pasado. El ex vicepresidente Dick Cheney estuvo de acuerdo en ese punto, en un discurso que se dedicó principalmente a cuestionar las afirmaciones de Obama y a justificar larga y detalladamente los abusos del gobierno de Bush. Asimismo, debilitando las propuestas para una llamada “Comisión de la Verdad” y afirmando que los abusos del pasado no deben ser procesados, Cheney argumentó que cualquier esmero en investigar distraerá de los esfuerzos actuales por proteger la seguridad nacional. También siguió insistiendo en que las políticas abusivas de Bush fueron los medios más eficaces para garantizar la seguridad del país. "Puede ser muy tentador voltear la página hacia las políticas de la era de Bush, pero EE.UU. no será capaz de poner fin a la tortura a menos que lleve ante la justicia a quienes planearon y autorizaron esos abusos," dijo Roth. Al abordar la rendición de cuentas respecto a las políticas de lucha contra el terrorismo de la era Bush, Obama dijo que el Departamento de Justicia "y nuestros tribunales pueden trabajar y castigar cualquier violación de nuestras leyes". Human Rights Watch instó al fiscal general, Eric Holder, a cumplir con esta declaración e instituir investigaciones criminales para las denuncias de abusos cometidos por funcionarios de EE.UU.. Obama también habló de su decisión de evitar la publicación de las fotos que muestran los abusos contra los detenidos bajo custodia de EE.UU. en Iraq y Afganistán, una decisión a la que Human Rights Watch se opone. Obama afirmó que los autores de los abusos en dichas fotos “fueron investigados y rindieron cuentas", pero tales investigaciones se centraron exclusivamente en el personal de bajo nivel e ignoraron a los altos funcionarios que formularon dichas políticas abusivas. Si bien su preocupación por la protección del personal militar de EE.UU. en Iraq y Afganistán es legítima, Obama debe estar consciente de que el verdadero peligro no proviene de comprobar aun más que los abusos ocurrieron, sino de la sensación generalizada de que los funcionarios encargados de la planificación y la autorización de los abusos no han rendido cuentas. Otro elemento importante del discurso de Obama fue su promesa de iniciar una revisión de las políticas de clasificación de EE.UU. y la utilización del privilegio de los "secretos de Estado". Human Rights Watch ha venido pidiendo desde hace tiempo al gobierno de EE.UU. divulgar información acerca de las políticas abusivas y criminales de la lucha contra el terrorismo en lugar de proteger esa información mediante el mal uso de los poderes de clasificación. Del mismo modo, Human Rights Watch ha defendido que el gobierno adopte una interpretación específica del privilegio de secretos de Estado, una que no expulse casos meritorios de los tribunales. Human Rights Watch elogió la perspectiva de Obama sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, y pidió al Presidente que se asegure de que sus políticas sean coherentes con la visión que apoyó. "Aplaudimos el enfoque de principios en la lucha contra el terrorismo que Obama articuló de manera tan elocuente, pero nos preocupa que la agenda específica que Obama presentó dista mucho de esos principios", dijo Roth.También disponible en

Control social total-


Ya nadie duda de que estamos todos vigilados, observados y fichados. En el paseo, en el mercado, en el autobús, en el banco, en el metro, en el estadio, en el aparcamiento, en las carreteras.. . alguien nos está mirando por el ojo de las nuevas cerraduras digitales. Múltiples mallas de vigilancia nos acosan por todo el planeta, la mirada penetrante de los satélites nos persigue desde el espacio, las pupilas silenciosas de las cámaras nos controlan por las calles, el sistema Echelon (1) inspecciona nuestras comunicaciones, y los chips RFID (2) revelan nuestro perfil de consumidor. Cada uso del ordenador, de Internet (Google, YouTube, MySpace...) o de la tarjeta de crédito deja huellas imborrables que delatan nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestras inclinaciones. Se ha cumplido el viejo recelo de George Orwell que nos pareció, durante tanto tiempo, utópico o excesivamente paranoico (3).
Se ha roto el necesario equilibrio entre libertad y seguridad. Con la intención de proteger al conjunto de la sociedad, las autoridades, en nuestras modernas democracias, tienden hoy a ver en cada ciudadano a un virtual maleante. La guerra sin cuartel contra el terrorismo -preocupación dominante en el último decenio- ha procurado una impecable coartada moral y favorecido la acumulación de un impresionante arsenal legal (4) que está permitiendo llevar a cabo el proyecto de control social integral. Los "progresos" tecnológicos (informático y digital) también han ayudado y las autoridades tienen cada vez mejores herramientas para la vigilancia electrónica.
"Habrá menos privacidad, menos intimidad, pero mayor seguridad", nos dicen. Y en nombre de ese nuevo imperativo categórico, se ha instalado de modo progresivo e indoloro, un régimen de dominación que podemos calificar de "sociedad de control". Con la particularidad de que -a diferencia de las precedentes "sociedades disciplinarias" que confinaban a los rebeldes o descarriados en lugares cerrados (cárcel, reformatorio, manicomio)-, la sociedad de control encierra a los sospechosos (o sea, a casi todos los ciudadanos) al aire libre y los mantiene bajo acecho constante. A veces, mediante los aparatos-chivatos que libremente ellos mismos han adquirido: ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos informáticos (tarjeta de crédito, agenda electrónica tipo Palm, billetes de transporte, GPS, etc.). Y otras veces, gracias al uso de sistemas discretos y emboscados que atisban los movimientos de cada persona, como los radares de carreteras o las cámaras de videovigilancia (5).
Éstas se han multiplicado hasta tal punto que, en el Reino Unido, por ejemplo, donde se han instalado más de cuatro millones de ellas (una por cada quince habitantes), una persona puede ser filmada hasta 300 veces al día... Las nuevas cámaras Gigapan, de ultra alta resolución (más de mil millones de píxeles) permiten, en una sola imagen y por un vertiginoso efecto de zoom, el fichaje biométrico del rostro de cada uno de los miles de espectadores presentes en un estadio, en una manifestación o en un mitin político (6).
Aunque los estudios serios demuestran la poca eficacia de la videovigilancia, la confianza en esta tecnología sigue en aumento. Aprovechando la paranoia antiterrorista que ellos mismos han creado, algunos gobiernos han constituido batallones de confidentes voluntarios civiles que informan de lo que oyen y ven a las autoridades. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó en 2002, bajo la presidencia de George W. Bush, la Operation Tips (Operación Soplos) para convertir en confidentes a más de un millón de trabajadores cuya particularidad era la de entrar en los hogares de la gente (fontaneros, antenistas, albañiles, electricistas, jardineros), que debían llamar a un número de teléfono de la policía si notaban algo sospechoso.
Pasar de una sociedad informada a una de informantes es el proyecto que acaba de lanzar la Asociación de Sherifs de frontera de Texas ( Texas Border Sheriff ‘s Coalition ) que ha colocado quince cámaras de videovigilancia a lo largo de la frontera con México en puntos aislados y estratégicos. Las cámaras están conectadas a Internet (http://www.blueservo/. net) y cada ciudadano, a través del mundo, instalado en su casa frente a su ordenador, puede espiar las áreas desérticas texanas o las riberas del Río Grande. Si ve pasar a algún emigrante clandestino puede denunciarlo con un simple correo electrónico. Cerca de treinta millones de individuos, de diversos países, ya han aceptado la función de confidente voluntario de la policía de Texas para luchar contra la inmigración clandestina. Es fácil de imaginar que, con la agravación de la crisis económica actual y el brutal aumento de la xenofobia, si se instalase en Europa, a lo largo de las costas del Mediterráneo, un sistema semejante de cámaras de vigilancia, el número de espías civiles voluntarios sería sin duda importante.
Es una de las perversiones de la actual sociedad de control: desea convertir a los ciudadanos, a la vez, en vigilados y en vigilantes. Cada uno debe espiar a los demás, al tiempo que es él mismo espiado. O sea, en un marco democrático en el que cada individuo está convencido de vivir en la mayor libertad, la realización del objetivo represivo máximo de las sociedades totalitarias.

Notas: (1) Sistema de espionaje planetario de las llamadas telefónicas y del correo electrónico, dependiente de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés). (2) Identificació n por radiofrecuencia.

(3) Orwell lo concibió, en 1948, para denunciar a la sociedad estalinista, en contraste con el Occidente "de democracia y libertad".

(4) La Ley de Videovigilancia aprobada en 1997 permitió, en España, la instalación en lugares públicos de cámaras de vigilancia "para velar por la seguridad ciudadana". Uno de los aspectos más criticados de esta Ley es que la mayoría de los ciudadanos ignora que están siendo filmados, algo que vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) de 1999.

(5) Léase Armand Mattelart, Un Mundo vigilado , Paidós, Barcelona, 2009. (6) Véase, por ejemplo, la imagen de la toma de posesión del Presidente Barack H. Obama: http://gigapan/. org/viewGigapanF ullscreen. php?auth= 033ef14483ee8994 96648c2b4b06233 Léase también, Carlos Martínez, "Todos fichados", Rebelión , 30 de marzo de 2009.

Guerra al mosquito- Marines EEUU

[http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-3412-2002-03-31.html] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-3412-2002-03-31.html

Guerra al mosquitoJusto en la zona de la Triple Frontera opera una unidad especial de los marines norteamericanos. Su objetivo militar es el mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue. Las implicancias bélicas de la misión “humanitaria”.“Marines” norteamericanos ya combaten en Misiones. Por ahora solamente al mosquito Aedes Aegypti que transmite el virus del dengue. La inquietante información, prolijamente ignorada por los grandes medios nacionales, fue destapada por el periodista Mauro Federico en El médico del conurbano, una publicación especializada que suele brindar notables primicias. Con la colaboración de Federico, Página/12 llevó a cabo su propia investigación y pudo establecer que la misión norteamericana que colabora con las autoridades provinciales de Misiones y con las nacionales del área Salud en una tarea aparentemente humanitaria responde a objetivos militares claramente admitidos en documentos oficiales de los Estados Unidos. Los científicos castrenses que vienen a combatir al mosquito dependen orgánicamente de un centro naval norteamericano enclavado en el Perú. Un dato más que se suma a los ya conocidos de maniobras y bases estadounidenses en nuestro país en ratificación de una alianza “extra OTAN”, que singulariza a la Argentina como blanco potencial de los enemigos de Washington.El grupo de elite de la milicia norteamericana trabaja en el control del dengue en la provincia de Misiones, merced a un acuerdo con las autoridades provinciales y bajo la cobertura del Plan Vigía de control y vigilancia de las enfermedades infecciosas, que financia el Banco Mundial y ejecuta el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. En ese marco, los infantes de marina norteamericanos se proponen seguir luego hacia Formosa y finalmente, hacia la Capital Federal. El llamado “Componente II” del Plan Vigía está orientado a prevenir enfermedades “prioritarias”, entre las que destaca el dengue, especialmente el de tipo hemorrágico, que puede tener consecuencias letales. El Ministerio de Salud emitió recientemente un documento donde asegura que unos cuatro millones de argentinos se encuentran en situación de “alto” y “muy alto riesgo de contraer la enfermedad”.Recientemente, un despacho de “Misiones on line”, firmado por Pedro Oviedo, daba cuenta de la firma de un convenio entre el gobierno provincial y “un grupo de elite del ejército norteamericano conocido como Marines (que) tiene la delegación más importante de Sudamérica instalada en la ciudad de Lima”.Según la página de la embajada norteamericana en Perú, se trata del Destacamento Naval de Investigación Médica de los Estados Unidos (NMRCD, es su sigla en inglés), “que fue establecido en Lima, Perú, en 1983 mediante convenio suscrito entre la Marina del Perú y la Marina de Estados Unidos”, aparentemente para investigar “enfermedades infecciosas de interés común”. El NMRCD “es un destacamento del Centro Naval de Investigación Médica (NMRC), con sede en Forest Glen, Maryland, Estados Unidos y constituye una agencia de apoyo a la Embajada de los Estados Unidos en el Perú”. El NMRCD asentado en el puerto peruano de El Callao cuenta con un sofisticado laboratorio para la detección de las enfermedades epidemiológicas como dengue, tuberculosis, mal de Chagas o fiebre amarilla.Según el texto, transparente, de la propia embajada norteamericana en Perú “el NMRCD tiene como objetivo la conducción de investigaciones sobre enfermedades infecciosas que afectan la salud humana en Centro y Sudamérica (principalmente en la región andina y la cuenca amazónica), particularmente aquellas de importancia para la actividad militar”. Por si existieran dudas reitera más abajo que la meta número 1 es “determinar y establecer prioridades en cuanto al peligro de que enfermedades infecciosas afecten a fuerzas militares”. O, más claro aún: “La misión de NMRCD es identificar amenazas infecciosas de la enfermedad de importancia militar en Perú y países circundantes en la región sudamericana y determinar los medios más eficaces de diagnosticar y prevenir estas enfermedades para reducir al mínimo su impacto en las capacidades operacionales del combatiente en la guerra”. Pura ayuda humanitaria, como puede apreciarse.Un objetivo estratégico que debe ignorar, probablemente, Telmo Albrecht, ministro de Salud de Misiones, que considera el convenio “favorable para la provincia”. Porque los marines “nos van a aportar todos los reactivos, tecnología y todo lo que el laboratorio de Iguazú necesite para ser un centro de referencia epidemiológico para el diagnóstico”. La “ayuda” comprende asimismo que Débora López, una bioquímica de Iguazú, viaje a Lima para trabajar “durante dos meses en la base militar”. A cambio, las autoridades misioneras se comprometen a proveer al NMRCD información “sobre todos los casos posibles de dengue, tanto los positivos como los sospechosos y a qué tipo de cepa corresponden (I-II-II o IV)”, así como “toda la información epidemiológica que tengan sobre casos de la enfermedad que se detecten en el territorio provincial en general y en la ciudad de Puerto Iguazú en particular”. (Puerto Iguazú, casualmente, es una de las ciudades de esa Triple Frontera que desvela a los servicios secretos norteamericanos por tratarse de un presunto “santuario de terroristas”. Una de las funciones del centro naval de Lima es, también casualmente, “la detección de agentes biológicos y químicos durante tiempo de paz y tiempo de guerra”.) Puerto Iguazú tiene confirmados cuatro casos de dengue y 15 muestras sospechosas que se están analizando. Del otro lado de la frontera, en Foz de Iguazú, hay más de 60 casos positivos y 300 sospechosos. Según el ministro Albrecht, “estamos muy complicados” porque “hay entre 25 y 30 por ciento de infectación casa por casa” y “si llueve se va a complicar más la situación”.De acuerdo a lo informado por el ministro de Salud de Misiones, “el trabajo consistirá en determinar si el paciente está afectado de una viremia, si tiene un virus. La confirmación final del tipo de dengue, o la hacen ellos en Lima o la enviamos nosotros a Pergamino”. El ministro Albrecht aludía al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (Inevh), más conocido como el Instituto Maiztegui de Pergamino, otra gloria de la ciencia argentina como el Malbrán, que ganó buena fama internacional por su lucha contra el “mal de los rastrojos” y está a punto de cerrar por la debacle final del Estado.Esta no es la primera vez que efectivos militares norteamericanos desembarcan en Argentina con presuntos fines sanitarios. A mediados de los ochenta, por ejemplo, se instaló en Azul un laboratorio del ya desaparecido Centro Panamericano de Zoonosis (CEPANZO). Según El médico del conurbano, “ex trabajadores del establecimiento recuerdan que ‘había milicos norteamericanos por todas partes’. Es que en ese centro se realizaron pruebas con virus recombinantes de rabia y viruela, supervisados celosamente por guardia militar estadounidense. El proyecto era secreto hasta que se produjeron fugas accidentales que ocasionaron graves consecuencias en la población”.Es curioso, parece literario y seguramente no tiene nada que ver, pero en el año 1970 el autor de esta nota viajó a Azul con un fotógrafo en pos de una pista que se difuminaría en la leyenda: la presencia secreta en el monasterio trapense de la zona de uno de los pilotos del Enola Gay, el avión que arrojó la bomba atómica sobre Hiroshima. En el convento fuimos recibidos por el superior, un simpático monje norteamericano que interrumpió su voto de silencio para refutar la especie de manera muy curiosa: “No hay nadie así entre nosotros, pero si lo hubiere, si se hubiera refugiado aquí para huir de los males y pecados del mundo, jamás lo delataría”.El destino final del CEPANZO se esfumaría también como la pista del piloto que destruyó Hiroshima en el convento trapense. En octubre de 1986,el Ministerio de Salud y Acción Social creó una comisión clínicoepidemiológica para estudiar el caso y el Centro Panamericano fue cerrado. Según denunció Alberto Echezarreta, miembro de aquella comisión, “todos los expedientes desaparecieron misteriosamente de la bóveda en que se encontraban”. El caso fue archivado.Epílogo: en un site de la web titulado “rebelión internacional”, circula un documento publicado por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de los Estados Unidos titulado “Visión Conjunta 2020” (Joint Vision 2020). El texto, traducido para “Rebelión” por Jorge Capelán, continúa otro documento anticipatorio de los mandos norteamericanos titulado “Visión Conjunta 2010”. Ambos resultan fundamentales para entender el mundo que viene desde la perspectiva militar de Washington.Que no solo comprende “el conflicto con empleo de fuerzas estratégicas y armas de destrucción masiva” sino también “aquellas situaciones ambiguas que se ubican entre la paz y la guerra, tales como las operaciones para mantener y hacer cumplir la paz, así como operaciones no-combativas de ayuda humanitaria y el apoyo a las autoridades locales”.
--Publicado por Angel Fernandez Schejtman para Foro DDHH - Mercosur- el 4/27/2009 01:40:00 PM

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DN!: Los torturadores deberian ser castigados-EEUU

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Los torturadores deberían ser castigados
EscuchePor Amy GoodmanSPOKANE, Washington —

George W. Bush afirmó insistentemente que Estados Unidos no practicaba la tortura.Sin embargo, los cuatro memorandos de la Oficina de Consejo Legal de la época de Bush, publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia del gobierno de Barack Obama, pintan un panorama totalmente diferente. Los memorandos desclasificados dieron autorización legal para aplicar “técnicas severas de interrogatorio” utilizadas por el gobierno de Bush durante los años posteriores al 11 de septiembre de 2001. Autorizaron—como enumera el memorando del 1° de agosto de 2002, del entonces Vice Fiscal General Jay Bybee—a “golpear a los detenidos contra una pared, abofetearlos en el rostro, confinarlos en condiciones de hacinamiento, obligarlos a permanecer de pie contra una pared sosteniéndose con los dedos, forzarlos a permanecer en posiciones incómodas, privarlos del sueño, colocar insectos en una celda de confinamiento, y [permitieron] el submarino”.Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), durante el gobierno de Bush, la Oficina de Consejo Legal “se convirtió en la facilitadora de la conducta ilegal del gobierno, publicando docenas de memorandos con la finalidad de permitir graves violaciones al derecho nacional e internacional”.Los memorandos autorizan lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja denominó, en un informe filtrado, “trato y técnicas de interrogatorio (…) equiparables a la tortura”.Estas técnicas de tortura fueron desarrolladas por dos psicólogos de Spokane, Washington: James Mitchell y Bruce Jessen. Su empresa, Mitchell, Jessen & Associates, brindó capacitación especializada a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para lidiar con la captura por parte de fuerzas enemigas. El programa de entrenamiento se llama SERE, sigla que significa Sobrevivencia, Evasión, Resistencia, Escape. Mitchell y Jessen, ambos psicólogos, fueron contratados por el gobierno de Estados Unidos para entrenar a interrogadores en técnicas que, según afirmaron, harían desmoronar a los prisioneros.Utilizaron la técnica SERE en un sentido inverso. Esta técnica había sido desarrollada originalmente para ayudar a la gente a soportar y sobrevivir a la tortura. En cambio, ellos la utilizaron para entrenar a una nueva generación de torturadores.La periodista Katherine Eban escribió un artículo de denuncia sobre Mitchell y Jessen en 2007, denominado “Rorschach y Awe”. Le pregunté sobre ellos a la luz de los memorandos de tortura. Describió a Mitchell y Jessen de la siguiente manera: “Eran, ya sabes, académicos que querían estar de algún modo en la palestra operativa, que es un plano muy atractivo para estar. Pero, de hecho, eran profesores y supervisores del programa SERE, donde solamente monitoreaban el bienestar de los soldados. No eran científicos. No tenían datos, según mis fuentes, para demostrar que al invertir estas tácticas, serían efectivas para obtener información. Entonces, la descripción que obtuve, también de colegas suyos, es que estos tipos eran amateurs. Ya sabes, psicólogos amateurs, como el personaje de Jodie Foster en el Silencio de los Inocentes. Y no lo eran. Pero, aparentemente, –y ahora podemos ver realmente el alcance de esto– fueron muy convincentes al vender el uso de estas tácticas a la CIA”.Los memorandos brindan detalles atroces de las torturas implementadas. El submarino fue utilizado cientos de veces en una serie de prisioneros. El memorando de Bybee incluye esta autorización kafkiana: “Les gustaría colocar a [Abu] Zubaydah en una celda de confinamiento con un insecto. Nos informaron que, al parecer, él tiene miedo a los insectos. En particular, les gustaría decirle a Zubaydah que pretenden colocar un insecto que pica en la celda junto con él”.Luego de que el Presidente Barack Obama dijo que no debería haber procesamientos, esta semana fue recibido en la CIA con bombos y platillos. Le pregunté a Mark Benjamin, el periodista que inicialmente reveló la noticia de Mitchell y Jessen, acerca de la postura de Obama. Y esto fue lo que me dijo: “Si te fijas en las declaraciones del Presidente y las unes a las declaraciones de Rahm Emanuel, el Jefe de Gabinete, y de Eric Holder, el Fiscal General (…) verás que en los últimos días el gobierno de Obama anunció que nadie, ni la gente que llevó a cabo el programa de tortura, ni los que diseñaron el programa, ni la gente que autorizó el programa, ni quienes dijeron que era legal –a pesar de que sabían que honestamente no lo era– ninguna de esas personas afrontará cargos. El Fiscal General anunció que el gobierno, además, pagará los honorarios legales de las personas en contra de las que se hayan presentado cargos en cualquier parte del mundo, o que tengan que comparecer ante el Congreso. Les proporcionarán abogados (…), les han dado inmunidad total (…) a cambio de nada”.La Presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, le pidió a Obama que postergara la decisión de descartar los procesamientos hasta que su Comité termine una investigación que completará en los próximos seis meses. Mientras que Obama promete dejar libres a los torturadores, otros los están buscando. Bybee, actualmente, se desempeña como juez federal. Movimientos de base, desde Common Cause (Causa Común) hasta el Centro por los Derechos Constitucionales, están solicitando al Congreso que presente una acusación formal en su contra. En España, el juez Baltasar Garzón—que logró el procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad— tiene a Bybee y a otros cinco funcionarios del gobierno de Bush en la mira de futuros procesamientos.Durante años, la gente ha sentido que se ha dado la cabeza contra una pared (y algunos sufrieron esto literalmente, como lo detallan los memorandos). Sin embargo, el día en que se celebraron las elecciones nacionales, parecía que esa pared se había convertido en una puerta. Pero la puerta está apenas entreabierta. Si se abre de una patada o se cierra de un portazo, no depende del Presidente. Aunque posiblemente él ocupe el cargo de mayor poder en la Tierra, hay una fuerza más poderosa: la gente comprometida que exige un cambio. Necesitamos un criterio universal de justicia. Los torturadores deberían ser castigados.————————————————— Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.© 2009 Amy GoodmanTexto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

La trama del robo de bienes-ESMA-DDHH Chacras de Coria-Flia. Gomez

A Juicio Oral por supuestos delitos con tierras enajenadas a personas secuestradas y desaparecidas en sede de la ESMA La Cámara Federal confirmó procesamiento por defraudación y fraude al Dr. Rubén Saravia y su mujer Prof. Marta Prados por el caso ‘Wil Ri’ ● Complicada situación de Juan Carlos Cerutti; no sobreseen al Juez Civil de Mendoza Dr. Luis Plana Alsinet. En una extensa sentencia y con la firma de los tres jueces integrantes del tribunal, los Dres. Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Cámara Federal confirmó los procesamientos dictados por el juez instructor del caso, el Dr. Sergio Torres, y le ordenó la inmediata elevación a juicio oral y público. Tras ocho años de investigación y luego que en noviembre de 2008 el juez que instruye la denuncia ordenara el procesamiento del abogado Rubén Saravia, de su mujer Marta Prados y de Juan Carlos Zamora, la Sala II del tribunal de apelaciones, confirmó la sentencia original, decretando el procesamiento sin prisión preventiva de los tres citados por considerarlos penalmente responsables del delito de defraudación por administración fraudulenta. Fijándole a cada uno un embargo de doscientos mil pesos. ($ 200.000). Según consta en la sentencia de fecha 30 de marzo de 2009, y que fuera difundida ayer en sede judicial, la querella impulsada en 2001 por Federico Gómez, hijo del Dr. Conrado Gómez, letrado mendocino desaparecido en la ESMA, denunció en esta causa la maniobra fradudulenta de traspaso de nueve hectáreas y treinta y un lotes pertenecientes a Cerro Largo. Tierras donde se asienta el barrio Will Ri en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Esta sentencia describe la actuación del Dr. Juan Carlos Cerutti, otro de los imputados, dejándolo al borde del procesamiento, al igual que a su cónyuge Dra. Patricia Ciminni. Expresamente, deja constancia además, que no sobresee al Juez del Noveno Civil y Comercial de Mendoza, “el imputado Dr. Luis Plana Alsinet”, -sino que no se expide- “con relación a la falta de sospecha suficiente como para llamarlo a declaración indagatoria, por que el magistrado de grado no ha adoptado temperamento en relación al nombrado”. Por considerarlo en esta instancia “ improcedente”. “Una maniobra de perfeccionamiento del despojo originario” Señala la sentencia que la Corte Suprema de la Nación ordenó que el segmento de la maniobra que aquí se investiga, tramitara al igual que el desapoderamiento originario de la sociedad Cerro Largo S.A. efectuado por el personal naval del centro clandestino de la ESMA, hoy presos, el ex almirante Massera o alias ‘cero’, ‘Tigre’ Acosta y ‘Ruger’ Rádice, en el mismo juzgado de Comodoro Py en Capital Federal, pero por separado. El máximo tribunal –dice textual la sentencia- se remitió a los fundamentos del Procurador Fiscal de la Nación Luis Santiago González Warcalde, en cuánto sostuvo que “.. de la investigación efectuada no surgen elementos que permitan descartar que los hechos objeto de esta contienda pudieran constituir una maniobra de perfeccionamiento del despojo originario de las propiedades inmuebles, resultando insuficientes aseveraciones de la defensa en sentido adverso…” En relación a la prueba reunida, el la Cámara Federal subrayó “que debe decirse, que aunque la cesión de derechos litigiosos en la que participaron los imputados reviste la apariencia de un negocio normal concretado entre el apoderado de una sociedad –Cerro Largo S.A- y los futuros accionistas y apoderado de otra –Chacras de Coria S.A.- la prueba reunida permite sostener que se trató de un acto fraudulento tendiente a perjudicar los intereses de los restantes herederos de los titulares de la firma mencionada en primer término”. ”Hacer desaparecer a Cerro Largo S.A.” Sobre los procesados, el tribunal sostiene que “ninguna duda cabe que Saravia actuó con acabado conocimiento de que su participación y la de su cónyugue era absolutamente indispensable para llevar la maniobra investigada en autos”. “Por otra parte, también está probado que Lidia Marta Prados conocía la existencia de otros herederos, como sostuvo en su declaración.” Sobre Juan Carlos Zamora, el tercer procesado e integrante del directorio de Chacras de Coria S.A. con domicilio también en la provincia de Mendoza, de su participación dice que “refuerza la tesis de que la creación de Chacras de Coria S.A. tuvo como única finalidad hacer desaparecer a la sociedad Cerro Largo S.A., a fin de evitarle a su apoderado reclamos futuros de los herederos de socios” Concluye la sentencia qfirmando que “de este modo a la supuesta finalidad altruista que los imputados pretenden darle a su intervención se le opone la prueba que ha sido enumerada y que acredita la dolosa participación en la maniobra que se les atribuye”. Se negaron a declarar Juan Carlos Cerutti y su mujer Tras más de siete años de permanecer sin presentarse en el expediente, y en procura de evitar una orden de captura internacional para él y su esposa, solicitada por el abogado de la querella el Dr. Eduardo Barcesat, Juan Carlos Cerutti, uno de los hijos de Victorio Cerutti, –desaparecido en sede de ESMA junto a su yerno el Ing. Omar Masera- fue indagado por el Juzgado en la sede de la Embajada de Argentina en España. Done reside. Cerutti y su cónyugue, la abogada Patricia Ciminni hicieron uso del derecho de negarse a declarar. Ciminni es la presidenta de la creada Chacras de Coria S.A. Aportando sendos descargos por escrito, negándose a responder la requisitoria. Tal diligencia procesal, realizada en diciembre de 2008 por los funcionarios judiciales y la fiscalía, había sido cuestionada por el defensor de ambos, Juan Carlos Cerutti (h). Certificados médicos buscaron evitar el acto. Así como otros recursos de queja, idénticos a los que presentaron por años Saravia y el defensor del Juez Civil que tramitó el caso en Mendoza el Dr. Luis Plana Alsinet, el Dr. Varela; de prescripción, de competencia, de recusación, y de falta de acción, entre otros, que fueron rechazados por cuatro fiscales federales, el Juez, la Cámara, la Procuración Federal y la Corte Suprema. Así como la legitimación del querellante Federico Gómez. Lo que fue rechazado en todas las instancias. Vale agregar que se han sumado al proceso como litigantes, los herederos de la familia de Horacio Palma, -también desaparecido luego de su secuestro en ESMA-, su viuda y sus seis hijos, y los restantes herederos hijos de Victorio Cerutti –sus primos hermanos- y su hermana ‘Malou’ Cerutti, viuda de Masera Pincolini, y sus tres hijos. Debe resolver el Juzgado Nacional N° 12 en breve, la situación procesal de Juan Carlos Cerutti y su mujer, como la del también acusado por la querella de participación necesaria, el Doctor Plana Alsinet. Casi a idéntico término en que serán juzgados 33 años después, los represores navales que llevaron a cabo las desapariciones forzosas y el despojo original. Es de subrayar que el Juzgado dispuso a finales de 2008, una medida cautelar de no innovar sobre los terrenos de Will Ri, es decir un embargo preventivo. 22 de abril de 2009. Firman: Federico Gómez y Eduardo Barcesat.