23 marzo, 2010

BOLETÍN INFORMATIVO No. 163 de ALTERNATIVA POPULAR 1815 - ESPACIO SOLIDARIO

ALTERNATIVA POPULAR 1815

ESPACIO SOLIDARIO

––––– EN DEFENSA DE NUESTRO PATRIMONIO –––––


--------------------------------------------------------------------------------

BOLETÍN INFORMATIVO - AÑO X - No. 163 12 DE MARZO DE 2010


--------------------------------------------------------------------------------

SUMARIO:
EDITORIAL: AZUCENA Y LA DESMEMORIA.

SOBRE EL PELIGRO DE CONFUNDIR JUSTICIA CON VENGANZA

COLUMNISTA INVITADO: PEDRO DÍAZ GONZÁLEZ – CHILE TIEMBLA

DEL TERREMOTO TELÚRICO AL TERREMOTO SOCIAL

LA IZQUIERDA EN DEBATE: DOS MODELOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

AGENDA: 14 DE MARZO - DÍA DEL LIBERADO

A 25 AÑOS DE LA LIBERACIÓN DE LOS ÚLTIMOS PRESOS POLÍTICOS

NOTICIAS: HALLAN EN EL HOSPITAL MILITAR HISTORIAS CLÍNICAS

PERMITE INVESTIGAR VIOLACIONES DE LOS DD.HH. EN DICTADURA

PRESIDENTE, USTED SABE

FAMILIARES: "FALTA PARA CONTESTAR CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y POR QUÉ”

EXCUSAS IMPUNES

ENTRE LA JUSTICIA Y LA CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA

CASO NIBIA SABALSAGARAY

DECLARÓ ANTE LA JUSTICIA EL PRIMER MILITAR (GENERAL) EN ACTIVIDAD

CHOQUE DE TRENES - PIT-CNT SIGUE FIRME CONTRA EL FORMATO TLC

OPINIÓN: DANIEL DE SOUZA – VIVIENDAS Y AUTOCONSTRUCCIÓN

LA DEL ESTRIBO LA SIRVE: MARCELO JELEN – IMPRESCINDIBLES, IMPRESENTABLES

LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO: TERREMOTO EN CHILE, LA BARCAROLA


--------------------------------------------------------------------------------

Redactor Responsable: Ruben ELÍAS DUTRA


--------------------------------------------------------------------------------

EDITORIAL: AZUCENA Y LA DESMEMORIA.

SOBRE EL PELIGRO DE CONFUNDIR JUSTICIA CON VENGANZA



En homenaje a quienes resistieron

la tortura y las cárceles de la dictadura,

a 25 años de su liberación.

Y a quienes no pudieron, también.



Montevideo, 12/03/10 (Chasque Artiguista).- Cuando conocí a Azucena -a secas, como la llamábamos entonces- en 1981, ella era una abogada madura y aguerrida que defendía presos políticos y que había renunciado al Colegio de Abogados por considerar que éste había tenido una postura demasiado complaciente con la dictadura cívico-militar.



Eran tiempos tan duros que desde el presente es imposible imaginarlos a quienes no los vivieron. Defender presos políticos ante la “Justicia Militar” era una causa perdida en un país donde ni siquiera la Justicia Civil funcionaba de manera independiente. Se trataba más bien de una excusa para visitar a los presos y presas (que tenían un régimen de visitas tremendamente restringido), darles apoyo moral, demostrar al enemigo que alguien se preocupaba por ellos/as, presentar algún escrito pidiendo la libertad anticipada cuando alguno estaba gravemente enfermo o en fase terminal... y muy poca cosa más. Azucena fue una de las pocas defensoras que, excepcionalmente, consiguió alguna vez que un preso político muriera en su casa y no en el penal de Libertad. .



Esa Azucena que forma parte de mis recuerdos entrañables de los primeros tiempos del SERPAJ, no tiene nada que ver -hace mucho rato ya- con la ex ministra de Defensa que acaba de expresar públicamente sus ideas a favor de la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Su metamorfosis podría ser un ejemplo más del efecto perjudicial que tiene sobre las personas la convivencia cercana con las altas esferas y el poder.



En este caso, es una pena que esa convivencia -y al parecer identificación- no haya servido para que la ministra ejerciera su autoridad para obligar a las Fuerzas Armadas a colaborar seriamente con las investigaciones y revelar el destino de los detenidos-desaparecidos asesinados por sus integrantes; o al menos para evitar que hicieran declaraciones mentirosas, confundiendo a las instituciones de gobierno, burlando a la opinión pública, ofendiendo la memoria de sus víctimas y jugando con los sentimientos de familiares y sobrevivientes.



Debería sorprendernos -aunque a esta altura me sorprende cada vez menos- que no haya habido reacciones desde los grupos de derechos humanos, y hasta del propio Poder Judicial (tan sensible siempre a cualquier crítica hacia la corporación), ante las declaraciones de una profesional del Derecho -y ex representante del Poder Ejecutivo- que considera “una venganza” cuando la Justicia actúa con todas las garantías del debido proceso y en consonancia con el Derecho Internacional para sancionar a los responsables de gravísimas violaciones de los derechos humanos.



Las/os sobrevivientes de la represión y los familiares de las víctimas del puñado de criminales de lesa humanidad que hoy están en prisión (mientras cientos de ellos todavía permanecen impunes), las/os defensoras/os de derechos humanos y la sociedad en su conjunto, tuvimos que esperar más de dos décadas para que por fin se abriera una mínima fisura en el poderoso muro de la impunidad -construido y defendido por el sistema político a partir de 1985-, y para que Uruguay dejara de ostentar el vergonzoso récord de ser el único país del Cono Sur donde ningún militar o ex dictador había siquiera declarado ante un juzgado.



Azucena Berrutti sabe mejor que nadie que si esos “pobres” señores “viejos y enfermos” están hoy en la cárcel (y apenas desde hace un par de años) es porque la impunidad reinante en el país les permitió gozar de los mejores años de su vida en total libertad, viviendo cómodamente cerca de sus víctimas sin tener que rendir cuentas de sus crímenes, y disfrutando de la holgada jubilación que les pagamos las ciudadanas y ciudadanos con nuestro aporte (también el de sus víctimas).



Y ¿qué pensarán los 8000 presos comunes que se hacinan en las cárceles uruguayas como pollos en una avícola moderna -en condiciones de encierro, alimentación e insalubridad que el mismo Relator Especial sobre Tortura de la ONU Manfred Nowak consideró entre las peores que ha visto en el mundo- de que la Dra. Berrutti considere como “venganza cruel” las condiciones de absoluto privilegio que disfrutan en una cárcel VIP los peores criminales que ha tenido este país en toda su historia?



¿Cómo calificar a un Estado que -a través de su gobierno progresista- les construye una cárcel especial y de lujo a los autores de decenas de secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas, traslados clandestinos internacionales, robos de bebés, y millares de torturas aberrantes, mientras amontona en cárceles inmundas a los miles de hijos del neoliberalismo de los 80 y 90 por robar celulares o vender pasta base al menudeo? (Sí, ya sabemos que hay grandes criminales, y asesinos y violadores en esas cárceles; pero son los menos, como también sabemos).



El flamante presidente José Mujica -quien fue uno de los presos políticos que sufrieron las condiciones más extremas de prisión prolongada, tortura sistemática, total aislamiento y falta de las mínimas garantías- ha expresado en varias ocasiones ideas afines a las de Azucena Berrutti. No debería sorprendernos demasiado que en algún momento de su mandato tome la iniciativa de “perdonar” a los pocos militares que están procesados por delitos de lesa humanidad. No sería la primera vez que, en esta materia, Uruguay desconoce y viola groseramente el Derecho Internacional de los DD.HH.. Lo hizo al aprobar la ley de impunidad en 1986, y al ratificarla por voto popular en 1989 y 2009.



Esa normativa internacional -que Uruguay debería cumplir y respetar, por haberla ratificado- establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben, no son amnistiables ni indultables (“tampoco son plebiscitables”, habría que haber agregado, para que los partidarios de la justicia no cometieran dos veces el mismo error), y que los Estados están obligados a investigarlos y sancionarlos con todo el rigor y las garantías de la ley.



En realidad, a ese orden jurídico internacional le tiene sin cuidado lo que la ciudadanía uruguaya haya decidido en las tres instancias mencionadas arriba, porque la ley de Caducidad nació ilegítima desde el punto de vista del Derecho Internacional, y seguirá siéndolo más allá de todas las ratificaciones que tenga en el orden interno. Daría lo mismo que mañana esa misma ciudadanía aprobara por voto popular el retorno de la esclavitud, o ratificara una ley estableciendo que las mujeres no pueden votar. Para la comunidad internacional, Uruguay seguiría siendo un Estado que viola la legislación internacional en materia de DD.HH., igual que al mantener la ley de impunidad.



Pero no es buena señal que desde el poder político y sus voceros (o ex voceras) se insinúe que lo poco que se ha podido hacer en 25 años de institucionalidad democrática para combatir la impunidad y cumplir con el Derecho Internacional, es demasiado. Y peor aún que entre ellos/as haya quienes pretenden confundir el actuar limpio de la Justicia con la “venganza”.



Hay que reconocer, no obstante, que a Uruguay su “inconducta” prolongada y reiterada le ha salido barata hasta ahora, gracias a la debilidad del sistema internacional. Recién este año, y por primera vez, la Corte Interamericana de DD.HH. va a juzgar al Estado uruguayo por no haber investigado ni sancionado el secuestro, traslado internacional, prisión clandestina y asesinato en nuestro país, por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de una ciudadana argentina de 19 años, y el robo de su bebé recién nacida y la sustracción de su identidad, hace 34 años.



Sería conveniente que quienes están pensando desde las altas esferas en algún prematuro “acto de generosidad” hacia ese puñado de criminales presos tengan en cuenta este antecedente, antes de implementar cualquier medida de perdón que nos vuelva a avergonzar ante la comunidad internacional.



Y más saludable aún sería que la opinión pública que reclama sin cesar “mano dura” contra la delincuencia cotidiana también exprese enérgicamente su alarma ante la amenaza social que representaría dejar en libertad a estos criminales internacionales -sin importar la edad que tengan.

María M. Delgado*

* María Martha Delgado fue co-fundadora e integrante de SERPAJ entre 1981 y 1999. Desde 2000 no participa en ninguna organización de derechos humanos en Uruguay.


--------------------------------------------------------------------------------

COLUMNISTA INVITADO: PEDRO DÍAZ GONZÁLEZ – CHILE TIEMBLA

DEL TERREMOTO TELÚRICO AL TERREMOTO SOCIAL

Santiago, Chile, 02/03/10 (Rebanadas de Realidad).-

El saqueo, también llamado pillaje, es la posesión indiscriminada de bienes ajenos por la fuerza como parte de una victoria política o militar, o bien, en el transcurso de una catástrofe o tumulto, como una guerra o un desastre natural.



Apropiación violenta por parte de un grupo de soldados u otras personas de lo que se encuentra en un lugar o territorio tomado saquear - Tomar la propiedad de otro sin observar las reticencias decentes y acostumbradas del robo.



A pocos días del vivir directamente la catástrofe natural más intensa de los últimos 50 años, que esta vez involucró al 80 % de la población chilena, es difícil pensar qué significa todo esto.



Por de pronto uno puede decir que este terror de agua y tierra se ha transformado en la mejor radiografía de nuestra sociedad. Dicha catástrofe ha superado el ojo inquisitivo de cualquier sociólogo, cientista social, político, o analista, que hizo sus estudios doctorales en Harvard, Barcelona, Chicago o el Reino Unido.



Esta disección de geología social ha develado algunas de las esencias de nuestra realidad social, muchas de las cuales son contradictorias entre sí, complejas e invisibles para muchos intelectuales con Ph. D. El terremoto ha resultado la mejor metodología para lograr la ansiada objetividad y la rigurosidad científica, que alentaba a los alumnos, el profesor Mario Bunge[1].



¿Cómo habrá utilizado las historias de vida Oscar Lewis[2] para relatar los saqueos de los pobladores de Concepción, Chiguayante, Coronel, Constitución y otras localidades, que reventaban cortinas y candados de los Supermercados-Retail para recolectar comida?



Parece que el trabajo en terreno del sismo ha descubierto la gran desigualdad social que existe en Chile. No se necesitan quintiles y deciles para describir dicha realidad; solo los sollozos de una pobladora corriendo con bolsas de leche Soprole, en un saqueo, dice más que un gráfico construido en un programa estadístico.



Resulta sorprendente como un Guanaco policial lanza agua para reprimir a la poblada hambrienta, mientras que en las poblaciones se necesita imperiosamente este vital elemento.



Tanta delincuencia desatada. Son miles, son hordas, son implacables multitudes de individuos que no se conforman con la leche, el queso, el pan, los pañales y el papel higiénico. También les interesa llevar plasmas, refrigeradores, lavadoras, electrodomésticos. Que diría Merton[3] con su teoría sobre la Anomia, que enfrenta la contradicción entre las expectativas sociales y los medios institucionales para alcanzarlas. Definitivamente un pueblo aprovecha masivamente los medios ilícitos para lograr la promesa del consumismo pendiente. Es una oportunidad única, ya que, como reza un dicho popular, la ocasión hace al ladrón.



El mercado debe regular la distribución de los bienes y cuando dicha distribución se trastoca, no solo se necesitan cajeros, reponedores, coordinadores y gerentes, también se incluyen a militares verde oliva que administraran la entrega de enseres con uniformes disuasivos y con la ayuda poderosa del toque de queda, que trae reminiscencias de un terrorífico pasado.



Se advierte un resentimiento contenido, que se desplaza con violencia en las urbes más arruinadas y también en localidades más pequeñas. La boca de la necesidad básica abre sus posibilidades a otras necesidades. Esa que Maslow[4] denominada necesidades superiores. Nuestro atolondrados adolescentes y jóvenes desechan las necesidades más urgentes para lograr su propio sueño americano; un MP4, de alta fidelidad para escuchar reggaeton y rock metálico; un plasma para transarlo en el mercado informal, unas zapatillas de marca y ropa exclusiva para estar a tono con la moda que promueve la TV.



El saqueo se legitima si se accede a lo urgente e imprescindible. Un carabinero de las Fuerzas Especiales trata de ordenar dicho saqueo social. Se eligen a las mujeres y dueñas de casa para asegurar la racionalidad material y ética del saqueo. ¿Enfoque de género o machismo encubierto? No importa, lo fundamental es la pureza del criterio de la autoridad pública. Los periodistas rápidamente clasifican el saqueo entre el saqueo funcional y el saqueo delincuencial, este último reprobado por todos los costados.


¿Y las inmobiliarias y constructoras? Hicieron el saqueo con anticipación, en verde, comprometiendo, en 20 o 30 años, a los usuarios del crédito hipotecario en la banca financiera y especulativa. En algunos casos lo que en realidad se vendió no fue una vivienda, sino un ataúd colectivo. ¿Y a estos señores les enviaron la Fuerzas Armadas para lograr el orden y la seguridad ciudadana? ¿Cuál será el monto de este saqueo?



Y los periodistas faranduleros, ¿se habrán acordado del pillaje que describió su colega, la Sra. María Olivia Monckenberg, en su libro “El Saqueo de los grupos económicos”, que ilustra el robo empresarial vía privatizaciones, ganancias usureras y evasiones del tributo estatal? ¿Y que hay de las colusión saqueadora de la farmacias? Estos saqueos no necesitan terremotos, ni maremotos, ni catástrofes naturales ya que se realizan en forma ordenada, sin militares ni fuerza de orden, entre las 9:00 y 17:00 horas, con un trámite administrativo-burocrático que implica compra-ventas, convenios, traspasos contratos, transferencias, boletas o facturas.



Si sacamos la cuenta de las catástrofes telúricas, el pueblo chileno podría realizar un saqueo por cada 25 años. Pensando en los últimos terremotos (1960, 1985 y 2010) este pueblo ha tenido 3 oportunidades para saquear. El saqueo de la revolución de la chaucha del 48 tiene otro origen, por eso no lo contamos. En cambio, los denominados emprendedores y especuladores, saquean todos los días, es su oficio perenne, con o sin Terremoto,…. incluyendo los días domingos y festivos.



Si el saqueador y el vándalo de la población merece el fusilamiento por desacato a la autoridad militar y a la ley marcial, ¿cuál será el castigo para el saqueador de cuello y corbata? ¿Se podrá aplicar la proporcionalidad de las penas, tomando en cuenta que el primero lo hace en situaciones excepcionales y el otro lo hace periódicamente?



El robar por hambre es un derecho aceptado por la mismísima norma legal. Al fin y al cabo nadie esta obligado a lo imposible. Y si hay excesos, hay que buscar sus explicaciones en la misma moral social que sustenta nuestra institucionalidad. Mal que mal todos actuamos por valores.



¿Cómo esta la densidad moral de la Solidaridad y la Honestidad en nuestro país, antes y después del Terremoto? ¿Todavía estará vigente la máxima que nos enseñaron nuestros abuelos cuando se autoafirmaban con la frase soy pobre pero honrado? ¿Estarán dispuestos los chilenos a acatar dicha herencia socio-cultural?



Se sugiere responder estas interrogantes, antes que la milicia dispare.


--------------------------------------------------------------------------------

LA IZQUIERDA EN DEBATE: DOS MODELOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL



Montevideo, 12/03/10 (La República).- Hay dos modelos de Educación Técnico-Profesional: el bancomundialista ligado al rumbo que señalan las multinacionales, y el popular de los trabajadores, vinculado a un proyecto de acumulación propia, democrática, de y para el pueblo.



Si la educación general sigue en lo sustancial los rumbos marcados por la organización social, política y económica de una sociedad, la educación técnica-profesional, es mucho más directamente dependiente de la estructura económica de la misma.



La UTU nació como sistema moderno de ETP (Educación Técnico-Profesional), en la década del 40 (año 42) del siglo pasado de la mano de la concepción de la burguesía de aquel tiempo, vinculada a la industria. Cuando esa burguesía apuntó a la acumulación interna (con causas originadas en la situación mundial), no dudó, en planificar y concretar, la formación de la fuerza de trabajo que requeriría para desarrollar ese proceso. Formó un verdadero sistema de formación técnico profesional fundamento del propio nombre: Universidad del Trabajo.



Héctor Rodríguez se preguntaba por qué no había una UTU para formar a los textiles...Y la respuesta está a la mano: en general, no siempre, los sectores industriales apuntaban a formar en lo específico a sus propios trabajadores (lo mismo ocurría con los frigoríficos, etc.). Pero aquellos oficios transversales y complejos para su encare, los derivaron a la UTU (torneros o electricistas, sanitarios o administrativos auxiliares contables.). Aquella UTU era fuertemente criticada por el movimiento de los trabajadores. Justamente por sus déficits en cuanto a formación crítica, por “formar mano de obra barata”, “aprieta tuercas”, se decía.



Los planes de acumulación productiva propia de aquella burguesía “industrialista”, exigían un Sistema de ETP (cursos móviles y en las empresas, formación profesional y técnica, formación de todos los niveles....)



Desde la crisis del 50-60 del siglo XX, los ajustes de corte neocoloniales, reposicionaron claramente a las multinacionales de la mano de los grandes capitalistas uruguayos como principales “organizadoras” del sistema productivo uruguayo y a los organismos de crédito internacionales como sus voceros. ¡Las expresiones políticas de estos rumbos antipopulares, vaya si los padecimos y padecemos aún! Desde su óptica, un sistema de la naturaleza de UTU, ya no aparece como razonable, sin un proyecto propio de acumulación esa necesidad cae. Y ya desde antes de la dictadura apuntaron a su desarticulación, le quitaron la autonomía, o sea los niveles de libertad necesaria para encarar seriamente múltiples y rápidas respuestas a requerimientos educativos desde el mundo laboral.



La idea de poner más directamente a la educación técnico-profesional en las manos de los empresarios y/o del Ministerio de Trabajo, a través del mercado, desde el enfoque neoliberal, llevó a la conformación de organismos como el COCAP (surgido durante la dictadura) referida a la formación en la empresa u organismos de formación profesional en diversas manos, lejanas al sistema educativo. La reorganización de la fuerza de trabajo por competencias de los 90 profundizó estas tendencias de la mano de una fuerte ofensiva mundial contra el poder de los trabajadores.



Por otro lado, un proyecto de signo democrático, popular de los trabajadores, tiene por referencia la idea de una acumulación productiva propia, con inversión pública. Vinculada a una planificación democrática en torno a áreas como la energía, o el mar, la agroindustria, o la ingeniería, la cultura, o la medicina. Con proyectos tipo ALUR pero sin SA, con colectivos de trabajadores encarando los emprendimientos e investigando acá junto a la Universidad y la UTU. Con los niveles de libertad autonómica necesaria para que puedan respirar y para que tenga a la liberación humana como componente sustancial. En este marco, un Sistema de Educación Técnico Profesional, una verdadera UTU (incluyendo una Universidad Politécnica), alimentado en la dialéctica entre la educación y el mundo del trabajo es clave. Para que se entienda desde otro lugar: No podemos, respecto de este tema, encarar menos que lo realizado por el soplo “industrialista batllista”.

Andrés Olivetti*

* Docente, militante de AFUTU


--------------------------------------------------------------------------------

AGENDA: 14 DE MARZO - DÍA DEL LIBERADO

A 25 AÑOS DE LA LIBERACIÓN DE LOS ÚLTIMOS PRESOS POLÍTICOS

Crysol, la organización que nuclea a las ex presas y ex presos políticos, invita a todas y todos a las actividades de conmemoración y homenaje con motivo del Día del Liberado. El 14 de marzo de 1985 fueron liberados los últimos prisioneros políticos de la dictadura.



Hora 12: Homenaje a los desaparecidos. Esta actividad tendrá lugar en el Memorial de los Desaparecidos, en el Parque Vaz Ferreira, del Cerro. Se realizará un minuto de silencio y se entonará el Himno Nacional.



Hora 16:00: Conmemoración de la liberación de los últimos presos y presas políticas, que se concretó el 14 de marzo de 1985. Esta actividad se llevara a cabo en el Club Bohemios con la participación solidaria de Henry Engler, Alberto Mass, Rubén Olivera, el dúo que integran Cristina Fernández y Washington Carrasco y las murgas Diablos Verdes, Agarrate Catalina y A Contramano.


--------------------------------------------------------------------------------

NOTICIAS: HALLAN EN EL HOSPITAL MILITAR HISTORIAS CLÍNICAS

PERMITE INVESTIGAR VIOLACIONES DE LOS DD.HH. EN DICTADURA



Montevideo, 27/02/10 (La República).- El hallazgo en el Hospital Militar de unas 40 mil carpetas con historias clínicas de la década del 70 y la presunción de encontrarse nuevos elementos para desentrañar la represión militar en tiempos de dictadura, abre un nuevo capítulo en la investigación de las violaciones a los derechos humanos.



La investigación sobre los archivos del Hospital Militar se inició tras una orden del ministro de Defensa Nacional, Gonzalo Fernández, quien se propuso saber si había documentación correspondiente a personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.



La medida fue dispuesta en procura de información sobre la internación en dicho nosocomio de ex presos políticos, ante la recepción de diversos oficios del Poder Judicial sobre historias clínicas, los cuales no podían ser contestados por la falta de dichos documentos. “Es notorio que cada vez que se ha pedido una historia clínica de algún caso vinculado a los derechos humanos, la historia no aparece”, dijo Fernández, tal cual lo reseño ayer La República. En este sentido, la “Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)”, desarrollada bajo la coordinación del historiador Álvaro Rico, recoge la historia de 25 militantes de izquierda muertos en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas en esos años. Sin embargo, investigaciones judiciales y el testimonio de ex presos políticos han determinado que en algunos casos la muerte no se habría producido en el Hospital Militar sino en los propios centros de detención, ante las torturas recibidas durante los cruentos interrogatorios desarrollados en la época.



Asimismo, existieron casos de otros fallecidos en el nosocomio castrense previo al golpe de Estado, como el caso del militante tupamaro Roberto Luzardo, muerto en abril de 1973. La investigación judicial por la muerte de Luzardo podría echar luz sobre la realidad constatada en el Hospital Militar, especialmente en la sala 8, la cual según los testigos era controlada no por los médicos sino por los propios militares dependientes del ESMACO.



Desde 1973 a 1984 La recopilación desarrollada por la Udelar sobre los militantes de izquierda fallecidos en el Hospital Militar, durante la investigación sobre la represión dictatorial, se inicia con la muerte de los militantes del MLN-T Gerardo Alter y Walter Hugo Arteche, el 19 de agosto de 1973. Ese mismo año también se referencia la muerte el 14 de diciembre del militante del ROE y la Unión Ferroviaria Gilberto Coghlan, entonces detenido en el EMR 1 (Penal de Libertad).



El año 1974 se constató una sola muerte en el nosocomio castrense: la del militante del MLN-T Bernardo Alberto Blanco, el 26 de abril. Blanco falleció por las heridas de bala recibidas durante su detención.



El registro de la Udelar determina las muertes en 1975 del militante del MLN-T y del SUANP, Rodolfo Aníbal Fernández Cúneo, del también MLN-T Ricardo Lerena Martínez y de Ariel Ozer Ami Molina (detenido en 1972 y recluido en el EMR 1). Pedro Lerena, alias “Caudillo”, “Pepe” o “Lindero”, fue detenido el 25 de mayo de 1975 durante un procedimiento de las Fuerzas Conjuntas contra un grupo de militantes tupamaros que trabajaban por la reorganización del MLN en Uruguay. En dicho procedimiento fueron abatidos tres militantes de la organización y detenidos algunos miembros del Ejecutivo.



El 28 de abril de 1976 falleció María Clarisa Bonilla (detenida en 1974 y convaleciente de lupus) y el 1º de setiembre de ese año Hilda Sara Delacroix. En tanto, el 11 de julio de 1977 muere durante una intervención quirúrgica Raquel Eunice Culnev y el 28 de agosto del 77 el militante comunista Hugo Pereyra Cunha. El año 1978 también registró dos muertes: la de la militante del MLN-T Mirtha Perdomo y la del socialista Manuel Toledo. La integrante del MLN-T Ana María González Pieri fue la única fallecida en 1979 en el nosocomio castrense.



La década del 80 se inició con el fallecimiento entre el 11 y 12 de setiembre de la integrante de la UJC Gladys Yañez, constatándose además ese año la muerte del militante del PCU Edmundo Rovira. El informe de la Udelar constató la muerte en 1983 de Washington Giménez Giménez, mientras en 1984 fallecieron en el Hospital Militar Jorge Washington Leiva, Ángel María Yoldi y Oscar Héctor Bernatti. La última muerte registrada en el informe se remonta al 17 de noviembre de 1984: la del integrante del Ejecutivo del MLN-T y rehén de la dictadura Adolfo Wasen Alaniz, alias “El Nepo”.



Asimismo, las investigaciones desarrolladas por periodistas e historiadores hacen presumir que muchos detenidos desaparecidos estuvieron recluidos en algún momento en las instalaciones del Hospital Militar, como por ejemplo María Claudia García de Gelman, el dirigente comunista Eduardo Bleier y el funcionario del BPS y militante del Fidel Oscar Baliñas.


--------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE, USTED SABE

FAMILIARES: "FALTA PARA CONTESTAR CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y POR QUÉ”



Montevideo, 02/03/10 (La Diaria).- La carta está fechada ayer. Fue la primera dirigida a José Mujica en su calidad de responsable de gobierno. Hay expresiones de apoyo a la continuidad iniciada en el gobierno de Jorge Batlle y seguida en el de Tabaré Vázquez en la búsqueda de la verdad y la justicia, pero también reclamos de profundizar esa línea, en virtud de que, por ejemplo, “aún no se han hecho sustanciales avances en modificar la estructura y la mentalidad de las Fuerzas Armadas”.



La misiva fue remitida por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos: “Hoy asume Usted la Presidencia de un país que ha comenzado una transformación que hace a su futuro y al de quienes vivimos en él. Profundizar los cambios que hagan a nuestro país más justo, más respetuoso de todos y cada uno de sus habitantes es un anhelo de la mayoría de la ciudadanía. Nuestra lucha persigue objetivos ampliamente conocidos, de verdad, justicia y 'Nunca Más'. Trabajamos fundamentalmente sobre el tema de las desapariciones forzadas, pero vinculado a la lucha general por los derechos humanos con todas las connotaciones éticas y metodológicas que esto implica”.



Representantes de la organización también asistieron a las actividades vinculadas al traspaso de mando, colocándose sobre avenida Libertador a pocas cuadras del Palacio Legislativo, a la espera de que pasaran por allí Mujica y Danilo Astori. Ellos estaban acompañados de los carteles en los que llevan las fotos y los nombres de detenidos desaparecidos. “Estamos haciendo presencia, para que el tema no se olvide”, reafirmó una de las integrantes de Familiares sobre cuál era el significado de la concurrencia y de la carta.



“Algunos piensan que estamos empecinados en quedarnos en el pasado. Nosotros sentimos que -por el contrario- estamos comprometidos con el futuro. Este compromiso es hacer de nuestro país un lugar donde se garantice la plena vigencia de los derechos y las libertades de las personas, donde toda la sociedad tenga la cultura de su respeto”, sostienen en el escrito dirigido a Mujica, que pudo percibir la mirada desde los carteles al pasar frente a ellos.



“Es mucho lo que se ha avanzado en este tiempo -reconoce Familiares-, pero aún falta para contestar '¿cómo?', '¿cuándo?', '¿dónde?' y '¿por qué?'. Desde el momento en que el Dr. Jorge Batlle conformó la Comisión para la Paz, pasando por las múltiples acciones para establecer verdades -entre ellas, las búsquedas en predios militares- y habilitar a la justicia, en todo lo que permite el marco legal, que caracterizaron al gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, hemos avanzado muchísimo, pero hay que seguir avanzando”.



Le piden al presidente concretar cuestiones “prácticas”, como completar el Banco de Datos Genéticos con muestras de ADN de familiares para poder cotejar con los restos que aspiran sean hallados en el futuro, como así también emprender investigaciones basadas “en nuevas denuncias” al tiempo de seguir con las ya existentes. Pero también reclaman a Mujica que aporte en otras líneas, como sistematizar la información existente, estimular el aporte de información, ya que como “lo expresamos a los Presidentes que lo precedieron, aún no se han hecho sustanciales avances en modificar la estructura y la mentalidad de las Fuerzas Armadas. Ellas poco o nada han hecho por superar la deuda de verdad que tienen para con su pueblo y continúan enquistadas en el silencio y la mentira”.



La organización de derechos humanos le recuerda al nuevo mandatario: “Usted sabe que en esta lucha no nos guían intereses partidarios ni personales espurios. Nos guía el sueño de que la última y profunda reparación de las víctimas sea que sus compatriotas vivan en un país mejor, que fue -independiente de sus posiciones políticas- la inspiración común de todos los que, como usted, pagaron el precio de luchar.”



Al finalizar le desean éxito en su gestión para “su legítima satisfacción” y para el “bien de todos los orientales” y le auguran tener “la oportunidad de hacer un gobierno que continúe promoviendo a las personas, sus derechos y sus libertades, que tenga una política tendiente a aclarar los crímenes de Estado durante la dictadura, un gobierno que apueste a una ciudadanía más comprometida con el país”.


--------------------------------------------------------------------------------

EXCUSAS IMPUNES

ENTRE LA JUSTICIA Y LA CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA



Montevideo, 05/03/10 (La Diaria).- Pasaron 25 años desde el fin de la dictadura cívico-militar y lo jurídico sigue mezclado con lo político, en una indigesta sopa, cuando se trata de afrontar los crímenes cometidos por ese régimen. Los partidarios de imponer y de mantener la impunidad han usado un sinfín de excusas disfrazadas de argumento. Las confusiones nacen de la peculiar fórmula con que el Poder Ejecutivo, la mayoría parlamentaria y una mayoría circunstancial de la ciudadanía pretendieron saldar el asunto (o barrerlo debajo de la alfombra) en la presidencia de Julio María Sanguinetti.



Ocho días después de iniciado aquel gobierno, el Parlamento amnistió a numerosos presos de conciencia, militantes sociales y de partidos políticos legítimos, pero no a guerrilleros condenados por delitos graves en tribunales militares, a quienes se les conmutaron sus penas a la tercera parte debido a las condiciones inhumanas de reclusión que sufrieron. Equiparar a estos combatientes irregulares, que pagaron demasiado por sus faltas, con militares, policías y civiles autores o cómplices de tortura, desaparición y asesinato amparados por un Estado terrorista sin ser siquiera procesados constituye una mentira que, a fuerza de repetición, se consolidó como verdad en ciertos sectores de la sociedad.



La visibilidad lograda luego por los tupamaros y la enorme producción literaria sobre su gesta armada dejaron fuera de foco a la gran mayoría de las víctimas de la represión, que militaban en movimientos desarmados legales, o proscriptos pero legítimos.



La derrota del voto verde en 1989 golpeó feo a quienes querían justicia. Su reclamo quedó al margen de la agenda pública. Nada podía hacerse, o eso parecía. Asociaciones de víctimas de la dictadura y de sus familiares, el PIT-CNT, la FEUU y otras organizaciones sociales y un puñado de periodistas, jueces y fiscales mantuvieron encendidas las velas. Pocos partidos políticos los acompañaban. Su eco fue mínimo hasta la primera Marcha del Silencio, el 20 de mayo de 1996.



El Congreso del Frente Amplio en 2003 se negó a incluir en su programa la anulación de la Ley de Caducidad, con el argumento (o excusa) de que eso pondría en peligro las posibilidades electorales de la coalición. El único camino hacia un poco de verdad y justicia sólo podría ser abierto por un Poder Ejecutivo decente, que estableciera excepciones a la ley para habilitar la acción judicial. Hubo que esperar al gobierno de Tabaré Vázquez: en ese período se hallaron los cuerpos de dos desaparecidos, se procesó y se condenó a responsables operativos y políticos de algunos crímenes, y los tres poderes del Estado declararon inconstitucional la impunidad en un caso. Mientras, se consolidaba un movimiento según el cual la Ley 15.848 era nula y así debía ser declarada.



Esa iniciativa naufragó en el Parlamento. Surgieron en todos los partidos allí representados dos argumentos (o excusas) en los que la política volvió a enturbiar al derecho: que la ratificación en las urnas de la impunidad el 16 de abril de 1989 reafirma una norma de carácter superior y que la anulación es una figura inexistente en el orden jurídico nacional. Tal vez el origen del primero de esos equívocos sea que el plebiscito constitucional es el único mecanismo con que la ciudadanía cuenta para promover normas sin intervención parlamentaria. Al segundo lo rebatió el propio Poder Legislativo, al declarar en marzo de 1985 la “nulidad absoluta” de leyes aprobadas por la dictadura, y al negar en 2000 “toda validez jurídica” a una ley de defensa al consumidor, la cual debía “reputarse inexistente”, según suele recordar el abogado Óscar López Goldaracena sin que nadie lo refute.



Al fracasar los intentos por la anulación de la ley en el Parlamento, se formó una corriente de opinión que recurrió a la recolección de firmas rumbo a una reforma constitucional que la consagrara en las urnas. Poco a poco fueron cayendo las resistencias a esta campaña dentro del oficialismo: el hoy ex presidente Vázquez y su sucesor, José Mujica, terminaron apoyándola, bastante tarde, como muchos dirigentes reticentes. Pero escasearon en la campaña electoral del Frente Amplio los llamados a votar rosado. Faltaron 60.810 voluntades para consagrar la nulidad, menos de tres por ciento de las que participaron en las elecciones de octubre.



Hasta acá los ojos en la nuca. ¿Cuáles son las perspectivas? El nuevo programa de gobierno del Frente es explícito: en su página 130 defiende “la anulación de la ley de caducidad”. Pero también ambiguo: ocho páginas después propone que eso se haga “convocando a la sociedad uruguaya”.



Luego del pronunciamiento de octubre, esta cláusula encierra elementos como para que los reticentes, del oficialismo y también de la oposición, encuentren argumentos para disfrazar las excusas que impidan enterrar sin honor los párrafos más indignos del derecho uruguayo. Esta vez podrían ahorrarse el trabajo.


--------------------------------------------------------------------------------

CASO NIBIA SABALSAGARAY

DECLARÓ ANTE LA JUSTICIA EL PRIMER MILITAR (GENERAL) EN ACTIVIDAD



Montevideo, 05/03/10 (La Diaria).- El general Miguel Dalmao, jefe de la Región del Ejército IV con asiento en Minas, fue indagado ayer por el juez Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze por la muerte de Nibia Sabalsagaray en 1974. Dalmao sostuvo que en el Batallón de Transmisiones Nº 1, donde se encontraba la presa política, no se encapuchó a nadie ni hubo apremios físicos, y dio como verdadera la versión militar de que la militante se suicidó.



Esta semana también declararon ante la Justicia los entonces jefe del Batallón de Transmisiones Nº 1 Nelson Chialanza, el subjefe Walter Silva y el oficial de Inteligencia Mario Segnini, los tres en situación de retiro. Todos ellos y Dalmao ya habían declarado como testigos, pero ahora lo hicieron como indagados, ya que así lo permitió el fallo de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, que para esta causa emitió la Suprema Corte de Justicia en octubre de 2009.



Dalmao, que amparado por la Ley de Caducidad había respondido las preguntas del magistrado vía epistolar, ayer reconoció que vio el cuerpo sin vida de Sabalsagaray, información que había omitido en su carta. Sin embargo, en su testimonio ante Vomero y Guianze, Dalmao se desvinculó de toda responsabilidad, alegando que se enteró a las 8.00 del 29 de junio de la llegada de Sabalsagaray al batallón -había sido detenida a las 2.00- y que cerca del mediodía, cuando se acercó para el registro de sus huellas digitales, se encontró con que se había suicidado; entonces pidió ayuda.



En su declaración, Chialanza había señalado a Dalmao, que entonces era alférez, como responsable de Inteligencia en el cuartel. Dalmao reconoció que era oficial sustituto -Segnini, que era el titular, estaba separado del cargo desde hacía cuatro días- pero negó que se efectuaran interrogatorios, se practicasen torturas a los detenidos o se los encapuchase. Afirmó, en cambio, que su participación se limitaba a lo “administrativo”.



CÓMO SIGUE

El abogado querellante en la causa, Juan Errandonea, evaluó en diálogo con la diaria que en términos generales ni Dalmao ni los otros tres indagados aportaron información que conduzca a esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Sabalsagaray.



No hay por el momento elementos de prueba que permitan establecer responsabilidades por la muerte de la militante, pero sí que confirmen que fue un homicidio y no un suicidio. En ese sentido, Errandonea explicó que hay tres elementos “contundentes”: los testimonios de los detenidos, el informe médico forense y el informe del perfil psicológico de Sabalsagaray, ambos solicitados por el juez Vomero. El abogado indicó que estas pericias destacan que por sus características, ella no era una persona proclive al suicidio y que la rodeaban circunstancias que hacen pensar que tenía motivos para mantenerse con vida, por ejemplo que estaba por casarse.



Está previsto que para antes de la semana de Turismo se cite a algunos testigos más que ratificarían los apremios físicos aplicados contra la joven, al tiempo que también en el transcurso de este mes se espera que el Ministerio de Defensa Nacional remita la información solicitada desde el juzgado. Errandonea recordó que se trata de los legajos personales de todos los oficiales indagados, del personal de Inteligencia del Batallón en 1974 y del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Por último, Errandonea destacó como positivo el hecho de poder estar presente durante el proceso y participar de todas las diligencias, como lo establece la ley 18.026 para los crímenes de lesa humanidad.


--------------------------------------------------------------------------------

CHOQUE DE TRENES - PIT-CNT SIGUE FIRME CONTRA EL FORMATO TLC



Montevideo, 09/03/10 (La Diaria).- El PIT-CNT no encuentra cambios en el escenario internacional como para plantearse otra vez la alternativa de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y adelantó su disposición a movilizarse en caso de que el gobierno pretenda reflotar la iniciativa. Los empresarios, en tanto, reaccionaron con beneplácito ante las señales aperturistas de la nueva administración en materia comercial.



La central obrera cerró con candado la puerta abierta que dejó el canciller Luis Almagro el viernes pasado en la Cámara Mercantil, cuando apeló a la recordada figura utilizada por Vázquez en agosto de 2006 en el complejo Punta Cala (“El tren, algunas veces, pasa una sola vez”), y que tanto dividió las opiniones en la izquierda vernácula. El ministro de Relaciones Exteriores dijo ante los empresarios que “va a pasar otra vez el tren” del TLC con Estados Unidos y vaticinó que “en algún momento nos vamos a subir”. Aunque marcó el carácter prioritario de la inserción en la región, particularmente con el MERCOSUR, Almagro argumentó que “cuanto más se diversifican las exportaciones, más se concentra el comercio en la región, y cuanto más concentramos nuestras exportaciones, más se diversifican los destinos”.



Como se sabe, la primera opción sugerida por el canciller y, en general, las metáforas ferroviarias no son vistas con buenos ojos por el movimiento sindical. “Ya paramos una vez un TLC con Estados Unidos y lo podemos hacer por segunda vez sin problemas. Seguimos pensando que la única vía para superar la dependencia son los acuerdos entre pueblos y gobiernos de América Latina, que tiene que negociar en bloque”, advirtió el dirigente metalúrgico Marcelo Abdala.



Abdala piensa que en el gobierno entrante están reflejadas “todas las contradicciones” de la sociedad uruguaya en un “peldaño superior”. “Están representadas todas las voces y estamos frente a una escena sumamente rica, porque tenemos una clase obrera que se va solidificando y fortaleciendo en su organización, para plantear con claridad su proyecto estratégico”, advirtió. La central obrera “no dudará” al momento de movilizarse “por la unidad de América Latina” ya que para el PIT-CNT el rechazo al TLC con Estados Unidos es una “cuestión de principios”, según evaluó el sindicalista del Partido Comunista del Uruguay (PCU).



En tanto, Fernando Gambera, secretario de integración de la central, puntualizó que los sindicatos continúan pensando que las experiencias de acuerdos comerciales con este formato que se conocen a nivel internacional han sido “muy negativas” para el mundo del trabajo. “No imagino en qué circunstancias puede ser beneficioso para Uruguay subirse al tren, nosotros no las vemos para nada y seguimos en la misma posición que antes”, reafirmó el dirigente de la corriente Articulación.



Algo similar opina la senadora Mónica Xavier (Partido Socialista). “Hoy no están planteadas las condiciones para que el Frente modifique su posición respecto del TLC con Estados Unidos. No hay ninguna revisión posible”, enfatizó Xavier, que dijo desconocer en qué contexto tuvieron lugar las afirmaciones de Almagro. El presidente José Mujica, según Xavier, ha sido “sumamente claro” con relación a la importancia de apostar a la integración de América Latina por encima de cualquier acuerdo bilateral. “La idea de llegar al resto del mundo a través de la región es la que venimos sosteniendo. Sin lugar a dudas, la negociación tiene que ser en bloque y no visualizamos cambios en el escenario para cambiar la postura”, remató Xavier.



Ayer, su correligionario, el vicecanciller Roberto Conde, prefirió no hacer valoraciones respecto de las declaraciones en la Cámara Mercantil, ya que recién estaba llegando desde Costa Rica. El ex diputado socialista fue crítico con el formato TLC y uno de los más férreos defensores del MERCOSUR en el oficialismo cuando la posibilidad de suscribir el tratado estaba en pleno debate.



POQUITO MÁS DURO

Más contundente fue la reacción que provocaron los dichos de Almagro entre los representantes de las gremiales empresariales. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Alfonso Varela, está “satisfecho” con la disposición del nuevo gobierno para incrementar la relación comercial con Estados Unidos, aunque se lamentó por las oportunidades desaprovechadas. “El tema es que ahora no depende sólo de nosotros sino de lo que quiera el gobierno de Estados Unidos, y todavía no está clara cuál será su política respecto de América Latina. El escenario cambió y no sabemos de qué tipo de tren estamos hablando ahora”, sostuvo.



Varela considera que el “sesgo latinoamericano” que les ha dado Mujica a sus apariciones más recientes no impide que el mandatario tenga “sumamente claro” que es estratégico trabajar para colocar productos y servicios nacionales en mercados como el estadounidense. “Por algo estuvo Hillary Clinton en Uruguay. La relación con Estados Unidos le interesa a todo el mundo, porque a pesar de la crisis sigue siendo el mercado mundial más importante y representa el 25% del PIB global. Nos da lo mismo si es profundizando el TIFA, con un TLC o a través de un acuerdo de otro nombre, pero la época del Uruguay encerrado en sus fronteras ya terminó”, continuó Varela.



En Uruguay, según el empresario, el debate sobre la conveniencia del TLC con Estados Unidos tuvo una fuerte carga “ideológica y emocional”, como sucede en nuestro país con muchos temas. “Pero luego vemos cómo el mundo prescinde de todas las emociones y Vietnam, por ejemplo, mantiene una relación comercial con Estados Unidos que ojalá tuviéramos. Y ellos pasaron por una cosita un poco más dura que nosotros”, concluyó Varela, ministro de Salud Pública durante el gobierno de Jorge Batlle.

Lucas Silva


--------------------------------------------------------------------------------

OPINIÓN: DANIEL DE SOUZA* – VIVIENDAS Y AUTOCONSTRUCCIÓN



Montevideo, 05/03/10 (La República).- La autoconstrucción como forma de producción de un lugar para vivir debe ser vista y analizada desde distintos ángulos.



Más del 70% de la producción de viviendas en América Latina en los últimos 50 años han sido a través de soluciones individuales resueltas e implementadas por la propia gente y esto no se debe tomar como una elección u opción de estas, sino como una imposición donde la falta de opciones y promociones desde el Estado por velar por este derecho humano ha estado omiso pues quienes promueven su achicamiento lo hacen dentro de la lógica que condiciona los marcos crediticios que deciden cómo producir, dónde producir y el resultado de cómo distribuir.



Los intentos de tomar la autoconstrucción como “modelo” contarán con nuestro apoyo por la responsabilidad histórica de aportar a los cambios concretos que permitan comenzar a revertir las condiciones inhumanas en que viven miles de nuestros compatriotas.



Esta ejecución no debe hacerse sin transiciones, sin análisis crítico y sin participación popular, por la sencilla razón de que la debemos adecuar a una acción puntual y concreta con lógica diferente.



Hemos sostenido infinitas veces que la vivienda es un envase, una cáscara, y lo que importa es lo que está adentro, el ser, la familia, la gente, nuestras hermanas y hermanos.



La vivienda y el hogar son elementos decisivos que permiten al hombre desarrollar un sentido de su propio yo, en tanto que perteneciente a un lugar determinado; la casa representa una de las principales formas de integración de los pensamientos, los recuerdos y los sueños de la humanidad. Sin ella, el hombre sería un ser disperso.



Esta lógica la afirma Heideger; “el alma es una morada. Recordando las casas y las habitaciones aprendemos a mirar dentro de nosotros mismos; la casa es el lugar del goce y del acopio de recuerdos que forjan una identidad y permiten recomponerse en una radical intimidad como siendo igual a sí mismo las imágenes de la casa están en nosotros porque nosotros estamos en ella. En un sentido práctico, puedo comportarme humanamente hacia un objeto sólo en tanto el objeto se comporte de manera humana hacia mí.”



Las crisis cíclicas nos han dejado recuerdos y cicatrices profundas.



En barrios como “Las Láminas” vivimos y compartimos imágenes de cientos de niños afincados donde en varias manzanas no se veía un juguete; en Piedras Blancas (Quinta de Batlle), niñas embarazadas de 13 años confesaban y daban la explicación del hecho diciendo: “Fue porque quería tener algo mío”.



Uruguayos y uruguayas, es hora de aportar para erradicar estas soledades arrollando con solidaridad aquello de que según vive el hombre, así piensa.



La casa es la extensión de la persona, una especie de segunda piel, un abrigo o caparazón que exhibe y despliega tanto como esconde y protege.



El entorno y las imágenes de la casa permiten, moldean, informan y reprimen al mismo tiempo las actividades y las ideas que se desarrollan dentro de sus paredes, un entorno creado y decorado como escenario de la habitabilidad. La casa y la habitación se convierten así en un agente de pensamiento y en un primer agente socializador.



La autoconstrucción ha permitido hasta ahora apenas alojarse, amontonarse, refugiarse socialmente y refugiarse de la intemperie e instalarse como pueda cada uno con sus recursos.



Para ello estas familias, que en un alto porcentaje debieron tomar la opción de priorizar su salario para alimentarse, pues o comían o pagaban el alquiler.



Estas construcciones fueron realizadas tomando una cuota parte de sus salarios, menguando así más sus ingresos y generando un impuesto al sueldo en solapado, no reconocido nunca oficialmente como política de blancos y colorados durante los últimos 30 años.



Aquellas aguas trajeron estos barros.



Refugiarse o alojarse no es lo mismo que habitar, por lo tanto aportaremos a esta autoconstrucción pues permitirá iniciar un camino en el cual el trabajador recibirá financiación, ampliando la cobertura desde el Estado, que hasta hoy caía todo el peso sobre su bolsillo, así como le allanaremos el camino brindándole nuestro aporte humilde de 40 años de organización y aplicación de mano de obra de ayuda mutua como forma de trabajo, y en forma de sinergia la cooperación como forma de organización.



Porque como el hambre no espera, porque el invierno no perdona y porque “la esencia del construir es el dejar habitar”.



* Secretario general de FUCVAM


--------------------------------------------------------------------------------

LA DEL ESTRIBO LA SIRVE: MARCELO JELEN – IMPRESCINDIBLES, IMPRESENTABLES



Montevideo, 12/03/10 (La Diaria).- Lo dijo el presidente José Mujica: las Fuerzas Armadas “son imprescindibles”. Por eso debe de creer que son un buen negocio: el año pasado, por ejemplo, costaron algo más de 350 millones de dólares. O sea que la defensa nacional se devoró casi un millón por día, la suma que se calcula necesaria para construir un liceo.



Demasiado para una nación que declaró su última guerra internacional en 1945, cuando los enemigos, Alemania y Japón, ya habían sido aplastados. Demasiado para una empresa pública que tiene a la mayoría de sus 30.000 funcionarios buena parte de sus jornadas pintando árboles, haciendo ejercicio, desfilando y preparándose para batallas que nunca terminan de comenzar. Demasiado para un país cuya hipótesis de conflicto más próxima lo enfrenta con un puñado de argentinos armados de reposeras. Demasiado para una institución que agredió a inocentes hace bien poco y que todavía defiende a los autores de esos crímenes.



Demasiado. Las Fuerzas Armadas podrían emplear mucho menos personal, pagándole mejor y reduciendo bastante el gasto, para cubrir las pocas tareas útiles a su cargo, como vigilar las fronteras y el espacio aéreo y marítimo, construir la paz en países asolados por la guerra y asistir a los afectados por esporádicas catástrofes. Pero hasta se dan el lujo de usar dinero de todos los uruguayos para defender a los oficiales extraditados a Chile por el caso Berríos.



El presidente Mujica les declaró la guerra a los empleados del Estado que toman mate en horario de trabajo. Al mismo tiempo, considera imprescindibles a miles de funcionarios a quienes, por estar acuartelados y a disposición de sus superiores, se les brinda varias comidas diarias. Los malos burócratas, por lo menos, se pagan los bizcochos de su propio bolsillo.



El presidente Mujica se queja porque hay muchos abogados y pocos ingenieros, agrónomos y veterinarios. Al mismo tiempo, declara imprescindible el adiestramiento de cadetes a quienes se les paga un sueldo (modesto, pero sueldo al fin) sólo por estudiar. Los universitarios, en cambio, invierten mucho en su preparación y todavía los amenazan con el cobro de una matrícula. El presidente Mujica piensa que él y el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, “conocen las entrañas de las Fuerzas Armadas”. Lo dice porque los tupamaros que estuvieron presos, como ellos, sufrieron tratos inhumanos en los cuarteles. Los represores, muchos de ellos aún vivos y libres, también conocen entrañas, pero anatómicas y dolientes, de guerrilleros y de pacíficos activistas políticos y sociales a los que asesinaron y torturaron.



El presidente Mujica, al imponer en el ministerio a Rosadilla, dijo: “No somos aficionados”. Quiso decir: los ex combatientes tupamaros eran y son militares profesionales, porque tomaron las armas en nombre de ese valor multitarget al que se da en llamar “patria”. La tesis, hija de la teoría de los dos demonios, se aplicó en cenas de camaradería entre miembros del MLN y de la ilegal logia Tenientes de Artigas celebradas en democracia.



El presidente Mujica exhortó a evitar el “ejercicio de saldar cuentas cuando hay que construir”. Poco se puede construir con una institución tan desleal hacia la ciudadanía y los gobiernos democráticos. Encerró en una caja fuerte las citaciones judiciales a militares en la presidencia de Julio Sanguinetti, se insubordinó ante el secuestro del chileno Eugenio Berríos en la de Luis Lacalle, engañó a la Comisión para la Paz creada por la de Jorge Batlle y siguió mintiéndoles a las autoridades en la de Tabaré Vázquez.



Dirigentes de todos los partidos les deparan un inusual respeto a profesionales de la muerte que no son necesarios (o al menos no a tal escala) en un mundo que debería avanzar hacia la paz. Gastar en su mantenimiento les resta recursos a la producción, a la educación, a la salud, a la seguridad ciudadana, al desarrollo social.



Mientras, las Fuerzas Armadas se rehúsan a pedir perdón a la sociedad por crímenes gravísimos a los que les restan importancia, cometidos por sus miembros, utilizando su infraestructura y amparados en la institución que había usurpado los poderes del Estado. El recambio generacional de los últimos 25 años no ha sido suficiente. Los soldados más jóvenes han recibido educación impartida por criminales, que serán algunos cientos o unos pocos miles pero sumergen a 30.000 en un denso pantano de sospechas. Nomás la semana pasada, un oficial en actividad, el general Miguel Dalmao, se burló de la justicia al mentir ante un tribunal.



Perdón, Brecht, pero para ser imprescindible no basta con luchar toda la vida. Es preciso elegir buenas causas, como la verdad y la justicia. Difícil que estas Fuerzas Armadas lo hagan sin un decidido empujón del comandante en jefe.

Marcelo Jelen


--------------------------------------------------------------------------------

LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO: TERREMOTO EN CHILE, LA BARCAROLA



Allí, en el comienzo de la primavera marina,

cuando el ave asustada y hambrienta persigue a la nave

y en la sal apacible del cielo y el agua aparece el aroma

del bosque de Europa, el olor de la menta terrestre,

supimos, amada, que Chile sufría quebrado por un terremoto.



Dios mío, tocó la campana la lengua del antepasado en mi boca,

otra vez, otra vez el caballo iracundo patea el planeta

y escoge la p

No hay comentarios:

Publicar un comentario